Agua
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Francisco Martínez Arroyo | Los Lectores 19/06/2017
Acabamos de celebrar, el 15 de junio, el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. De alguna manera, conmemoramos el éxito de todo un país que, en un momento muy delicado de su historia, supo apostar por su propio futuro. Lo ligó, indefectiblemente, a la libertad de sus gentes, en todos sus ámbitos y a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Se lo debemos, sin duda, a todos aquellos que supieron renunciar a sus propios intereses o a los de la ideología que representaban, al menos en una parte, en pos del bien colectivo.
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Nos sentimos hoy orgullosos de lo conseguido. España es un país diferente, forma parte de la Unión Europea. Con una democracia, por fin, consolidada, una Constitución que nos ha facilitado la convivencia y una profunda descentralización, entre otros muchos logros.

Es momento de hacer balance pero, sobre todo, de actualizar nuestro modelo de convivencia, afrontando con valentía los retos que se presentan y atreviéndonos a profundizar en un modelo de mayor responsabilidad compartida entre las Administraciones.

Sin duda, una de las asignaturas pendientes de nuestro país, en la que se demuestran las limitaciones del reparto competencial o de la voluntad política de alcanzar acuerdos, es la del Agua. La competencia general de planificación hidrológica y la competencia de las cuencas que discurren por más de una Comunidad Autónoma, corresponde a la Administración General de Estado; que la ejerce, en este momento, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de sus correspondientes Confederaciones Hidrográficas. Siendo esto así, también es cierto que las Comunidades Autónomas son competentes en materia de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y otras políticas territoriales. Y es evidente, ¡muy evidente! que no se pueden tomar decisiones en materia de agua sin analizar su efecto sobre las políticas mencionadas.

Si damos por válida la reflexión anterior, es de puro sentido común contar con las Comunidades Autónomas, que son las que deciden sobre la Agricultura o el Medio Ambiente, entre otros asuntos, en sus respectivos territorios. La lealtad entre Administraciones, la eficiencia en la gestión de lo público y, por supuesto, el interés de los ciudadanos, así lo aconseja.

El momento es propicio para dar un volantazo y plantear, desde el Gobierno central, un verdadero acuerdo de Estado en materia de Agua que cuente con todas las Comunidades Autónomas y partidos políticos en la toma de decisiones. Que plantee, además, soluciones inteligentes y que busque el desarrollo sostenible de todos los territorios. Entretanto, los equilibrios parlamentarios así lo aconsejan.

No pueden elaborarse los Planes Hidrológicos de cuenca, unilateralmente, sin contar con los territorios. Así como, no puede ocultarse el peso de la Agricultura en el uso de agua -su importancia puede resumirse en que la agricultura supone el 80 por ciento del agua utilizada en nuestro país y en que una hectárea de regadío aporta cuatro veces más valor añadido que una de secano-. De esta manera, la necesidad de que el agua pueda generar desarrollo en toda la cuenca del río es una reinvindicación justa. En el caso del Tajo, por ejemplo, esto es muy evidente; así como en el conjunto del sistema Tajo- Segura, no solo en la cuenca baja, también en la alta y en la media, ya que hay jóvenes emprendedores -en todos los sectores, pero particularmente en la Agricultura-, que dependen del agua para invertir y generar riqueza.

Y esto es compatible -debe serlo- con la mejora de los caudales de nuestros ríos, con el respeto a los mínimos ecológicos, que garanticen la biodiversidad y el medio ambiente de los entornos fluviales.

No pueden aprobarse medidas, para hacer frente a la sequía que estamos sufriendo, sin hacer un planteamiento global de planificación entre todos que se anticipe a los problemas de suministro de agua para el consumo de boca o para la agricultura, en una situación de sequía que estámos sufriendo y, previsiblemente, sufriremos en las próximas décadas. No pueden autorizarse trasvases del Tajo al Segura, sin tener en cuenta a los habitantes de la cuenca alta de los pueblos ribereños, cercanos a los embalses de cabecera, así como a los del resto de la cuenca, que se sienten perjudicados cada vez que se aprueba una nueva derivación. Las últimas de este año, ya, casi sin agua, con Entrepeñas y Buendía al 14 por ciento de su capacidad; o la decisión de no utilizar las desaladoras del Levante, de forma preferente, para el suministro de agua para el riego.

Y de aprobarse Reales Decretos excepcionales -como los que hay para las cuencas del Segura y del Júcar desde hace dos años o recientemente para la del Duero-, se debe contar con las Comunidades Autónomas por las que discurren las cuencas -con todas-, y las medidas deben tener efecto en todas las regiones que sufren la sequía.

Evidentemente, no son cuestiones sencillas; al contrario, son muy complejas y de difícil solución. Pero son extraordinariamente importantes para el futuro desarrollo de un país como el nuestro en el que son varias las Administraciones con competencias e influencia en su territorio. Sin duda, es el momento de los responsables políticos: audaces, valientes y que antepongan el diálogo a la imposición.

Cuando estos días celebramos los 40 años de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, hay todavía algunas asignaturas pendientes, que esperan de nuestras soluciones. El Agua es una de ellas y urge una solución.

Francisco Martínez Arroyo


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