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manchainfomacion.com | Castilla-La Mancha 23/07/2018
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La propuesta persigue una “modernización racional del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que establece tres tramos de cotización y bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social para autónomos que estén en situación de incapacidad temporal

Los 150.225 trabajadores autónomos de Castilla-La Mancha se van a beneficiar de la propuesta realizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para aplicar una “cotización por ingresos netos reales”.

Así lo ha confirmado el secretario general de UPTA CLM, Cesar García, para quien la propuesta presentada a la ministra supondrá “una modernización racional del RETA, apostando por un sistema de la cotización que tenga en cuenta los ingresos netos reales, a través del establecimiento de bases mínimas por tramos que permitan equilibrar el esfuerzo contributivo”.

Así la propuesta prevé que aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, su aportación a la Seguridad Social será de 50 euros mensuales, aunque para ello tendrán que acreditar (con su declaración fiscal) los límites económicos indicados.

El segundo tramo comprende a los autónomos con ingresos totales superiores al SMI anual pero rendimientos netos inferiores a 30.000 euros anuales, “que no tendrían que pagar más de cotización, pudiendo elegir entre la base mínima y la máxima que anualmente se establezca por la administración para el RETA, y con las excepciones, bonificaciones o reducciones actualmente existentes” ha explicado el secretario general de UPTA CLM.

Los autónomos que tengan rendimientos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros, cotizarían sobre una base equivalente a la base del Grupo 1 del Régimen General, en términos; los de rendimientos netos anuales entre 40.000 y 60.000 euros, la base de cotización será 1,5 veces la base mínima establecida cada año en el RETA; los de rendimiento neto anual superior a 60.000 euros, aunque puedan elegir la base anualmente tendrán obligación de regularizar su base como mínimo a 2 veces la base mínima que se establezca para el RETA anualmente.

La segunda petición de calado por parte de UPTA y ATA ha sido la creación del Consejo del Trabajo Autónomo y las Mesas de Acuerdo, que recuperen el diálogo institucional entre el Gobierno y el colectivo de trabajadores autónomos, que “sean reflejo de los procesos de control de representatividad y medición de implantación”, como ha señalado Cesar García, para quien “estos órganos de diálogo posibilitarán acuerdos en materia de jubilación anticipada, parcial y flexible, sobre accidentes de trabajo o sobre prestación por cese de actividad y en materia de acciones de formación para el colectivo de profesionales por cuenta propia”.

Para ello, ambas organizaciones ha pedido a la ministra “la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social para autónomos que estén en situación de incapacidad temporal”, así como avanzar en la determinación de la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), a través del cruce de datos entre las Administraciones de Hacienda y Seguridad Social, con la creación de un registro de TRADES, “en el cual el autónomo esté obligado a comunicar la empresa o grupo de empresas para la que mayoritariamente presta sus servicios, así como incluirlo en el Registro Administrativo de los Acuerdos de Interés Profesional (AIP)”, ha incidido el secretario general de UPTA CLM.

Igualmente hemos pedido a la ministra Magdalena Valerio que se establezcan “criterios transparentes” para el acceso a los programas de oferta formativa y la regulación de la formación programada o bonificada para el colectivo de trabajadores por cuenta propia, además de crear “un sistema de incentivos fiscales para aquellos autónomos que quieran elevar su base de cotización a la Seguridad Social, por encima de la mínima del tramo en el que estén situados, en las mismas condiciones que tienen las aportaciones a los planes de pensiones privados, todo ello en el marco de una potencial reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”, ha concluido Cesar García.


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