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Javier Alcalá Escribano | Los Lectores 20/11/2018
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Una mirada constructiva para proponer cambios

Nuestra Constitución Española, cumple cuarenta años de vivencia, experiencia y vigencia. Enhorabuena a todos los implicados, tanto a los padres fundadores, como a los ciudadanos e instituciones, que la han defendido, cumplido y trasladado a la práctica diaria, para la mejora de la convivencia democrática.

También, mi mayor repulsa y rechazo, a todos aquellos, que no han cumplido con el objetivo principal de nuestra Constitución, ni con las principales voluntades de su preámbulo, cuestión no sólo grave, sino que supone un atentado moral, civil y jurídico contra todo un pueblo.

Soy un hijo de la Constitución, al nacer en 1978, y tengo la misma experiencia, en cuanto a vigencia y existencia, como en deberes, derechos, igualdad de oportunidades y garantías ciudadanas, que emanan de nuestra Carta Magna. Por ello, he podido gozar de su existencia, como vida paralela a la mía, y sin duda, me ha supuesto, poder tener y obtener una igualdad de oportunidades y unas garantías vitales, respecto a la sanidad, la educación, la formación, la convivencia, las prestaciones sociales, el trabajo… para gozar de un desarrollo personal, social y comunitario, en nuestra democracia.

Nuestra Constitución, supuso, el fin de un régimen totalitario y dictatorial, y el inicio de la transición a la democracia, para gozar y promover, un Estado de Bienestar donde la voluntad generar, ha sido, proclamar la libertad, la justicia, la seguridad, la convivencia, la protección y la promoción de todos los ciudadanos. Durante estas cuatro décadas, sin lugar a dudas, hemos avanzado y mejorado en calidad de vida, en desarrollo, en bienestar social, así como en los pilares básicos de educación, sanidad, servicios sociales, prestaciones y dependencia entre otros aspectos generales. Aunque, hay cuestiones que pueden considerarse claves, y que deben mejorar, principalmente, desde una perspectiva de crítica constructivista. Nuestra Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todas las personas y poderes públicos, ha sido mancillada, manipulada y malversada por aquellos que en beneficio de sus interés, bien por la fuerza, la trampa, la violencia, el saqueo, el robo, el cohecho, el tráfico de influencias, la prevaricación, y otros conceptos denigrantes, han pensado sólo en sus interés o en sus ideas, sin pensar en la ciudadanía y en el respeto general, por las reglas del juego democrático.

Una vez más, y no llevo la cuenta exacta, he leído y analizado nuestra Constitución, antes de realizar el presente artículo. Nuestra Constitución, ha enfermado, por un contagio global, de todas las bacterias y virus que le han inoculado, y ya es hora, de proponer su recuperación, sanación y mejora vital. Creo, honestamente, que hay artículos que deben ser revisados, para mejorarla, principalmente, cuando no se han cumplido, o están muy lejos de su eficacia y eficiencia, durante estas cuatro décadas.

En el artículo 9.1 se expone que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” Esta premisa, no ha llegado a cumplirse en su plenitud, principalmente, por las personas que ejercen cargos o poderes públicos.

Evidentemente, no todos los cargos públicos son corruptos, pero durante estos últimos diez años de crisis económica y social, incluyendo la crisis política, muchos son los políticos y cargos públicos, que ha saqueado de forma directa o indirecta la arcas del Estado, sin cumplir los principios que inspiraron nuestra Constitución y en muchas ocasiones, han creído y pensado que están por encima de la ley, y que pueden campar a sus anchas, haciendo lo que quieran, en base a sus intereses personales y familiares, a pesar de haber jurado un cargo público, en la que una de las principales premisas es buscar el beneficio de la mayoría que conforma nuestro Estado. Todavía faltan muchos casos por resolver, y otros, que todavía no han salido a la palestra. Tiempo al tiempo.

El saqueo estatal, principalmente, destacado por los dos grandes partidos que han gobernado en nuestra democracia, ha sido más que monumental. Algunos medios de comunicación, cifran la corrupción a nivel general en 87.000 millones de euros al año. Imaginen tal cantidad, multiplicada por los diez últimos años.

Si dicho dinero, en su mayoría público, se hubiera invertido en el desarrollo económico y social del país, no hubiera hecho falta, haber sufrido recortes en educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, trabajo y cursos de formación. Dicho cantidad de desfalco al heraldo público, hubiera sido, un verdadero motor de cambio para el I+D+I, y podría haber evitado la fuga de cerebros y talentos de muchos jóvenes y adultos que han tenido que irse a trabajar a otros países de Europa. Ello, sin lugar a dudas, también hubiera supuesto una mayor riqueza del PIB, y un menor endeudamiento del Estado para financiarse.

Parafraseando algunas citas de los últimos años, y desde una coherencia y cohesión de la propia justicia, “si la justicia es igual para todos”, para aquellos que se han lucrado en ejercicio de cargo público, tiene que ser implacable. Si se verbaliza, “quién la hace la paga”, aquellos cargos públicos y cargos políticos que han participado, desde una forma directa o indirecta en casos de corrupción, conozcan o no conozcan la trama, el caso o el enjambre, o hayan facilitado su propio lucro, o el lucro de familiares y amigos, deben, por imperativo judicial y moral, devolver lo saqueado, ser multado y ser inhabilitados para dichos cargos para siempre. No sirve, el “no lo sé”, “no lo recuerdo”, “lo desconozco”. Si es válido, permanente, y es de sobra conocido, que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.”

Respecto al artículo 47, se expone que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Durante las últimas décadas, la especulación de la vivienda, ha sido una mercancía para entidades públicas y empresas privadas, donde todos se han lucrado. Los ayuntamientos se han encargado de modificar y convertir terrenos rústicos, por terrenos urbanizables, para incrementar sus arcas municipales. Las empresas de la construcción, se han sumado a esa modificación de terrenos, bajo acuerdos con ayuntamientos, para incrementar el parque inmobiliario. Además de ello, hay que sumar a las entidades financieras, tanto bancos como cajas, que otorgaban a diestro y siniestro, hipotecas y créditos, sin garantías de pago. Una verdadera mafia organizada.

Ello ha supuesto, con el paso de los años, que muchos bancos y cajas, han diversificado su actividad, pasando a ser inmobiliarias actuales, tanto de venta, como de alquiler. Una vez roto el círculo lucroso, inestable, e insostenible, desde hace años, la llamada burbuja del alquiler, está haciendo estragos en las grandes ciudades, al no garantizarse una vivienda digna y adecuada, donde todo vale, y en donde auténticos zulos, o espacios inhabitables de 30 o 50 metros cuadrados, se alquilan por 700 euros como mínimo. Según los datos, de las 26 millones de viviendas actuales, 3,5 millones están vacías y pueden destinarse a un alquiler social, que sea regulado por ley, y dar una solución efectiva, a tanto casos de desahucio, tanto en propiedad, como en alquiler. A día de hoy, se producen más desahucios por alquiler que de propiedad por impago. ¿Dónde está esa medida que llamaban segunda oportunidad para la vida?

Otra cuestión a resolver es nuestra ley electoral. Se necesita un verdadero ajuste y cambio significativo. Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y somos libres para la elección de nuestros políticos y representantes, el voto de cada persona, es igual en todo el territorio nacional. Esta cuestión tiene que ser actualizada ya, y es propia de las democracias desarrolladas.

Como demócrata, indudablemente, acepto el pluralismo político en todo el territorio nacional, pero no es de recibo, ni se puede aceptar, que los partidos nacionalistas, con menos votos en cómputo global, tengan más diputados y representantes, en nuestro Congreso de los Diputados, que algunos partidos nacionales. Esta cuestión, quizás era necesaria desde el inicio y el rodaje de la Constitución, pero actualmente, es algo negativo, incluso un lastre, dado que todos somos iguales en voto y el sistema de circunscripción, en algunas Comunidades Autónomas, favorece más a los partidos nacionalistas y a los partidos independentistas, que sólo buscan sus propios intereses, sin respetar el principio de solidaridad.

¿Por qué no se ha cambiado todavía? La respuesta, es que no ha habido intención de promoverlo por los dos grandes partidos, para no perder votos, pero en cambio, se han visto en la necesidad de pactar con dichos partidos nacionalistas, para gobernar, a cambio de favores políticos y cheques en blanco, que suponen un agravio comparativo con otras Comunidades Autónomas. Sin duda alguna, dichos pactos de lobos hambrientos, han dado lugar, al empoderamiento de los nacionalistas y de los independentistas durante la democracia.

El artículo 71, en su punto 2 se expone que “durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.” A nivel general, la inmunidad de los políticos, durante estos últimos veinte años, sólo ha servido para sortear la ley, y poder hacer sus propias trampas, con título lucrativo personal, familiar, e incluso desde las relaciones de amistad, usando el llamado nepotismo, y favoreciendo el uso de las puertas giratorias, y a los lobbies de diversa naturaleza específica.

Casualmente, dichos políticos, han resultado, a posteriori de su mandato político, en su mayoría, ser consejeros de grandes multinacionales y empresas. Una relación, más que demostrada, y que contiene una secuencia tóxica, respondiendo más a intereses personales, que globales. Diputados, senadores, secretarios, tesoreros, alcaldes, concejales, empresarios,… han aparecido en numerosos escándalos de tramas corruptas, en las que han existido multitud de delitos, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, lucro, tratos de favor, financiación ilegal, comisiones por adjudicaciones y/o licitaciones, amnistías fiscales, como otras cuestiones que aún desconocemos. Supuestamente, si un cargo público y/o político, jura y promete, en nombre de la Constitución y en el desarrollo de sus funciones, como en los principios de transparencia, buen gobierno, ejercicio de buena fe… no necesita inmunidad, sólo cumplir su promesa, y sus funciones, tanto a nivel civil, jurídico y moral. Nuestra historia democrática, nos ha demostrado, que hay que poner fecha de caducidad a la inmunidad y a los aforamientos, para garantizar la igualdad, y la responsabilidad.

En el artículo 76, se expone que “El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vin¬culantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.” Las Comisiones de Investigación de los últimos años, han supuesto una verdadera vergüenza para la democracia, ya que han desfilado multitud de políticos, cargos públicos y empresarios, donde se ha demostrado que existen indicadores más que suficientes, de que muchos de nuestros representantes, han participado a título lucrativo y personal, de decisiones que no responden al interés general. También han supuesto un acierto, para esclarecer, al menos, parte de la verdad. Dichas Comisiones, sin ser vinculantes para los Tribunales de Justicia, han servido a la propia Justicia, el ver indicios de posibles delitos, de ser investigados, y al tirar de la cuerda, y al buscar en las cloacas del Estado, han supuesto en muchos casos, una actuación y organización mafiosa, en la que ha existido dinero privado y público, para hacer lo que ellos quieran. Sirva de ejemplo reciente actual, la mala praxis y utilización de los fondos reservados durante 24 meses, que se han destinado a otros objetivos para los que se crearon, bajo un paraguas negro y oscuro de vigilancia, soborno, información, control, chantaje y extorsión, a lo que hay que sumar un regalo inmejorable, ser Policía sin aprobar la oposición, por mero enchufismo y favores políticos. Y lo que no sabemos todavía.

Otra premisa para analizar es el mercado laboral. Se confirma que durante los últimos años, el salario sólo se ha incrementado de media, un 0,6%, mientras que el gasto para vida, se ha incrementado en mucha mayor medida. Existen Convenios Colectivos de sectores laborales, que han estado congelados, y siguen congelados, desde antes del 2012 y que son vigentes, a pesar de estar caducados. Ello, no responde en acorde, al crecimiento de la economía, ni al beneficio económico que han tenido las grandes empresas. Muchos Convenios Colectivos han sido paralizados por las diversas patronales. Ser trabajador, a día de hoy, no garantiza una calidad de vida digna, dado que muchos salarios siguen por debajo del salario mínimo interprofesional, y no es suficiente para costear la vida de las familias, rozando la pobreza.

El último tema a reflexión, es el sistema bancario. Cuando las entidades bancarias, son capaces de perdonar ciertos créditos o préstamos a los partidos políticos, no creo que en verdad, sea por simpatía o gratitud. Ya se lo cobrarán, (o ya se lo han cobrado) de alguna forma, como se ha demostrado durante los últimos años. Un error gravísimo, fue poner a políticos y sindicatos, al frente de los consejos de cajas y bancos, para tomar decisiones y hacerse favores entre ellos, y buscar un nuevo lucro para familiares y amigos, para posteriormente, rescatar las cajas y bancos, una vez se han “limpiado” de forma fraudulenta, dejando deudas que han tenido que ser pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos.

En cuanto al préstamo bancario, que ha significado para las arcas públicas, una cantidad mayor a la estimada, y publicada en 77.000 millones de euros, se nos ha mentido una vez más, ya que era un crédito o un préstamo, no un regalo. Algunos medios de comunicación, inciden en que se perderá más del 80% del préstamo del rescate bancario. Dicho rescate de saneamiento, se explicó como un coste cero para los españoles, y que sería devuelto íntegramente. Considero que es una cantidad muy importante, que debe ser recuperada, ya que ese dinero, puede ser invertido en la mejora de la calidad de vida, y en los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Hay dinero para salvar a los bancos, a pesar de que siguen teniendo grandes beneficios de forma anual, pero no hay dinero para salvar, ayudar o rescatar a las personas.
Recientemente, hemos vivido la contradicción del propio Tribunal Supremo, respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en referencia a las hipotecas. Es sabido que varias sentencias firmes, crearon jurisprudencia. El Tribunal Supremo era partidario con sentencia firme de dicha jurisprudencia, con carácter retroactivo. ¿Qué pasó para cambiar su propia decisión en pocos días? Ni que decir tiene, que la influencia de los lobbies bancarios, han sacado sus garras, para revisar dicha sentencia, dejando al Tribunal Supremo, en una postura dependiente de otros intereses, siendo contradictoria y demostrando una falta total de confianza. Son muchos los abogados y juristas, que hablan durante estos días, de que todas las decisiones del Tribunal Supremo, en relación al sistema financiero y a la banca, han sido en su propio favor y beneficio, nunca en beneficio de los usuarios y consumidores, a pesar de gozar de separación de poderes y de autodeterminación objetiva, para tomar sus propias decisiones.

Unos días, después, concretamente el 12 de noviembre, vuelve a cometerse otro acto que atenta contra el cumplimiento de la Constitución, y contra la separación de poderes, dejando ver una vez más al descubierto, que el poder ejecutivo y el poder legislativo, hacen y deshacen a su antojo, el poder judicial, siendo negativo para las instituciones, para la democracia y para los ciudadanos, al ejercer su influencia y su manipulación. Resulta inaudito, que antes de conocer el nombre de los vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), ya se sepa, el nombre del Presidente del CGPJ. Nuestra propia Constitución y el ordenamiento jurídico, expresan que los vocales y el presidente del CGPJ deben ser elegidos por el voto de jueces y magistrados con más de quince años de experiencia y servicio, siendo independientes políticamente, y que deben están colegiados. Otro pacto de lobos, que lejos de ser democrático, ha sido intencionado y manipulado desde los partidos políticos, que acuerdan su representación, en función de sus interés partidistas, no en función de la democracia.

Creo, que muchos ciudadanos estarán de acuerdo, una vez leído el presente artículo, con revisar y sanear nuestra Constitución, como los códigos que emanan de ella, en beneficio de nuestro desarrollo y convivencia, y desde sus propios principios inspiradores, para poner punto y aparte, a esta indecente situación, que nos ha tocado, y nos toca vivir, y que en muchas ocasiones, tiende a repetirse en nuestro devenir histórico.

Javier Alcalá Escribano

Pedagogo, Educador Social y Técnico en Integración Social



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