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Javier Alcalá Escribano | Los Lectores 27/11/2018
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 03/12/2018.

El 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se proclamó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de octubre de 1992, en la Resolución 47/3, una vez finalizados los objetivos del Decenio (1983-1992), que sirvieron para tomar conciencia y propiciar cambios, a través de acciones y políticas, para mejorar la vida de las personas con discapacidad, desde el principio de igualdad de oportunidades. Posteriormente, la ONU propuso a los estados miembros, que el día 3 de diciembre fuera reconocido para las personas con discapacidad, para conseguir el objetivo general de integración en las sociedades, en todos los ámbitos (educativos, formativos, laborales, comunitarios, sanitarios, sociales, institucionales).

Muchas de las mejoras existentes a día de hoy, han sido reclamadas, demandadas y conquistadas por las personas con discapacidad y sus familias, y se deben, en gran medida, al inicio del movimiento asociativo de las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, sobre todo. Gracias a esas mejoras, en todos los ámbitos, nos hemos beneficiado, toda la ciudadanía y todos los colectivos sociales.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 2006, ratificada por España el 3 de diciembre del 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, opta por un modelo inclusivo, que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad en todos los órdenes, incluidas aquellas personas que necesitan apoyos extensos o generalizados, fomenta su participación e inclusión social en igualdad de condiciones con los demás, plena accesibilidad y no discriminación, y reconoce la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía, independencia individual y la libertad de tomar sus propias decisiones.

Según datos de la OMS, las personas con discapacidad conforman unos de los grupos más marginados del mundo. Presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas en comparación con las personas sin discapacidad. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración, como se ha demostrados durante más de treinta años. Más de 1.000 millones de personas, padecen una discapacidad, representando el 15% de la población mundial. La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son pobres.

Desde la aprobación de la LISMI en 1982, que supuso un notable cambio, hasta nuestros días, sin duda alguna, ha existido una mejora en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, a través de recursos residenciales, socio-sanitarios, ocupacionales, formativos y laborales. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, supone también un avance y un cambio significativo, al igual que la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha.

Los obstáculos discapacitantes, contribuyen a las desventajas que experimentan las personas con discapacidad. Las personas con capacidades diferentes, tienen más probabilidades de estar desempleadas, y gene¬ralmente ganan menos cuando trabajan. Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. Los gobiernos deben, y deberían garantizar y desarrollar, todas las políticas y programas necesarios, en materia y en relación con las personas con discapacidad y sus familias.

En este 2018, en colaboración con investigadores de universidades y empresas referentes, se ha avanzado en el estudio de la discapacidad, descubriendo que una de las conclusiones básicas, es que, aunque el esfuerzo y la mejora por la calidad de vida de las personas con discapacidad, en los últimos diez años, ha sido notable, resulta que aún, no es suficiente, si se utiliza una metodología de educación especial comparada, desde las dimensiones de empleabilidad, la formación, las prestaciones sociales, la sanidad, la dependencia, la autonomía, la asistencia, la integración social y la calidad de vida

Algunas cuestiones a revisar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pasan por un verdadero ejercicio de respeto, de ayuda, de protección, de proceso, de autonomía, de rehabilitación, de autovalía, de empoderamiento y de recuperación.

Es importante la creación de nuevos recursos para personas con discapacidad, desde la detección precoz y la atención temprana, hasta la jubilación o prejubilación de las personas con discapacidad, para minimizar el impacto del deterioro físico y cognitivo.

En cuanto a la atención temprana, hay que destacar, que el Gobierno de Castilla-La Mancha, recientemente, el pasado mes de mayo, anunció y está cumpliéndose en el presente curso escolar, la medida educativa de ampliarla hasta los 6 años, siendo la primera comunidad, en universalizar la atención temprana. La atención temprana tiene que tener una mayor dotación de recursos y profesionales, igual que los centros ocupacionales y residenciales. Los CIDT deben disponer de un aula que sea de Estimulación Multisensorial, como de una Aula de Alfabetización Digital y Audiovisual.

La Declaración de Salamanca, aprobada en 1994, sigue estando lejos de cumplirse en sus cuatro premisas básicas, a pesar de haber transcurrido veinticuatro años desde su aprobación.

El actual Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pretende introducir aspectos enriquecedores en relación a la concepción y práctica de la inclusión educativa, contemplando entre otros aspectos: la regulación de los procesos de identificación de barreras para el aprendizaje a través de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, un catálogo de medidas de inclusión educativa que permita a los centros dar respuesta a todo el alumnado, la creación de programas específicos que posibiliten futuras vías de empleabilidad como estrategia de capacitación profesional y prevención del abandono escolar, entre otras medidas, para cumplir los principios de inclusión educativa

Es muy importante que las ciudades, sean lo más accesible posible, dado que es un beneficio para toda la ciudadanía. En Planes Municipales de Accesibilidad, en los parques infantiles, se tienen que propiciar un juego inclusivo. Por ello, en las propias zonas de parques infantiles, tiene que haber juegos y columpios para niños con discapacidad, dado que el hecho de no hacerlo, supone en sí, un doble maltrato institucional, por ser menor y por ser discapacitado.

La Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, supone un avance para garantizar que las personas con discapacidad, ante la ausencia de sus padres, cuidadores o tutor legal, si están incapacitadas, pueden quedar desprotegidas. La elaboración de esa hoja de ruta, que va a guiar a los profesionales en la función de prestar apoyos a la persona con discapacidad, cuando su familia no esté, se diseña mediante un plan personal de futuro, realizado con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia, De esta forma, los planes personales de futuro, se convierten en declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad y de sus familias, para garantizar que serán tenidos en cuenta.

Hay que destacar, que un 31% de la población con discapacidad, reside en zonas rurales, y como controversia y paradoja, la mayoría de los recursos especializados para personas con discapacidad, se encuentran en las capitales de provincia, o en núcleos urbanos que superan los 20.000 habitantes.

Resulta fundamental que el alumnado de los Centros de Educación Especial, entre 16 a 21 años, pueda realizar prácticas en las empresas ordinarias, con apoyo de profesionales especializados, para aproximarlos y tener contacto con el mundo laboral. También sería muy positivo, que las personas con discapacidad de los centros ocupacionales, centros de día y centros de rehabilitación, puedan hacer prácticas en empresas, de cara a mejorar su nivel de integración sociolaboral, y tener un Servicio de Capacitación, para mejorar la formación, la empleabilidad e incluso la vida independiente.

Debe existir una flexibilidad formativo-laboral en el sector de la discapacidad. Dicha flexibilidad, implica que ante diversas circunstancias, una persona con discapacidad, pueda promocionar formativa o laboralmente desde un centro ocupacional a un centro especial de empleo, o viceversa, por diferentes circunstancias personales y sociales.

Otra cuestión relacionada, y que debe de mejorar, es el cumplimiento de la reserva del 2% de plazas en empresas que superen los 50 trabajadores, para puestos laborales de personas con discapacidad, y que sin duda, debería ampliarse y cumplirse como mínimo en un 10% de plazas laborales.

Los Centros Especiales de Empleo, a medio y largo plazo, con las nuevas áreas de envejecimiento, tendrán un nuevo reto laboral y social con las personas con discapacidad, bien con la figura del Técnico de Ajuste Personal y Social, o Preparador laboral, ante la existencia del deterioro físico y cognitivo de las personas con discapacidad, mayores de 50 años.

Mención especial merecen las mujeres con discapacidad, ya que como bien se transmite en uno de los estudios analizados, son “binomios de multidiscriminación, que requieren de acciones y programas específicos.” Las mujeres con discapacidad que más necesitan ayuda a todos los niveles, son las mujeres de las zonas rurales, ya que sobre ellas, recae la organización de la vida doméstica y la crianza de los hijos. En España hay dos millones de mujeres con discapacidad. Una de cada tres mujeres con discapacidad, también será víctima de violencia de género, por lo que podemos hablar de triple discriminación: ser mujer, ser personas con discapacidad y ser mujer que sufre y padece violencia de género, incluyendo sus hijos.

El XIV Convenio Colectivo de la Discapacidad, que prácticamente caducó hace dos años, cuando finalice el 2018, supuso un retroceso para los profesionales del sector y para las propias personas con discapacidad, que trabajan en los Centros Especiales de Empleo. Parece que existe un preacuerdo para el XV Convenio Colectivo de la Discapacidad, y con algunas mejoras importantes y significativas, pero las negociaciones no han sido fáciles, a pesar de defender los mismos intereses, supuestamente, entre diferentes federaciones, asociaciones y sindicatos del sector. Un convenio laboral colectivo, como el convenio de la discapacidad, no puede demorarse en su aprobación, ni puede ser moneda de cambio, dado que supone en sí, un maltrato institucional y social, y debe beneficiar a todos los trabajadores.

Según el artículo 6 del XIV Convenio, que trata sobre el ámbito temporal de vigencia, era desde enero del 2012, hasta diciembre del 2016, y a pesar de la fecha de caducidad, sigue en vigor. Todavía no está aprobado el XV Convenio Colectivo, ni previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2019. No es de recibo, y no tiene coherencia su demora para su aprobación, dado que ello produce en sí discriminación y pobreza, para los trabajadores del sector, que en su gran mayoría también son personas con discapacidad.

Javier Alcalá Escribano

Pedagogo, Educador Social y Técnico Superior en Integración Social.



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