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manchainformacion.com | Manzanares 27/03/2019
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La propuesta de cobertura de la campaña electoral se consensuará con las distintas formaciones que concurran a los comicios municipales

La televisión municipal cederá espacios gratuitos de propaganda electoral y programas para las distintas formaciones que concurran a los próximos comicios municipales. Esta propuesta, y la de la cobertura informativa de la campaña, se hará conforme a la proporcionalidad que determina la legislación, se consensuará con los partidos concurrentes y se comunicará a la Junta Electoral. Así lo explicó en el último pleno el Equipo de Gobierno a preguntas del Grupo Popular, que también preguntó por el expediente del alcalde como empleado municipal.

La primera interpelación del Grupo Popular fue sobre el uso de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación municipales. Beatriz Labián, concejala del área, explicó que sí se ofrecerán estos espacios, aunque la televisión municipal se encuentre en pruebas, periodo que se alarga por problemas técnicos del equipo de continuidad, aclaró. “Queremos que la televisión preste su función social y de servicio público y se trabaja en el diseño de una programación especial para las elecciones”, indicó la portavoz socialista, que expuso el plan de cobertura informativa previsto para las elecciones nacionales, europeas y autonómicas.

Para los comicios municipales, ámbito de la televisión, se prevé mayor cobertura, que se consensuará con todas las formaciones políticas una vez que se conozcan las respectivas candidaturas. “Se llevará una propuesta en la que ya se está trabajando, con la proporcionalidad en los tiempos que establece la legislación”, añadió Labián, que confirmó que se cederán espacios gratuitos de propaganda electoral con proporcionalidad en los tiempos. Además, se pretende hacer un programa especial para que, también con esos criterios de proporcionalidad, intervengan representantes de las fuerzas políticas que concurran a esas elecciones. La propuesta se presentará a la Junta Electoral para su aprobación.

De la televisión municipal también se habló en el pleno al hilo de una interpelación de UPyD en la que su portavoz, Jerónimo Romero-Nieva, cuestionó la legalidad del medio al no recibir documentación al respecto. Beatriz Labián explicó que pide documentos que no existen ya que todas las concesiones de TDT de la demarcación “son provisionales”, que Manzanares10TV no tendría permiso para emitir si existiera alguna ilegalidad y que los pormenores del tema ya se los contó personalmente al edil durante una visita a los estudios de la televisión.

Por ello, y por no sumar esfuerzos ante las trabas y obstáculos que pone el Ayuntamiento de Membrilla para la utilización del canal público de la demarcación, acusó a Romero-Nieva de estar realizando una campaña de acoso y derribo del recuperado medio, con continuas notas de prensa e insinuaciones sobre las que no rectifica cuando la realidad lo desmiente, como ocurre cuando los juzgados, el tribunal de cuentas o la fiscalía “le quitan la razón en todo”. El edil de UPyD, corroboró que desconocía ese concepto de “provisionalidad” de las adjudicaciones, según un informe que recibió el mismo martes de la Consejería de Fomento.

Más interpelaciones

El Grupo Popular llevó al pleno dos interpelaciones más. En la segunda, preguntó por qué no se ha puesto a su disposición la documentación solicitada sobre las pruebas de acceso de Julián Nieva a su puesto de trabajo como personal laboral del Ayuntamiento. “Es interés legítimo por saber cómo accedió a su plaza de maestro de taller del Centro Ocupacional”, argumentó la portavoz, Rebeca Sánchez-Maroto, para quien al no cumplirse los plazos se está obstaculizando su labor de oposición.

El concejal de Personal, Pablo Camacho, dijo que esa interpelación “falta a la verdad” ya que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), “en ningún caso dice que haya que poner a disposición de los concejales en cinco días la documentación solicitada”, como argumentó Sánchez-Maroto, a quien recordó que el propio ROM “que debería conocer mejor” expone que si no se deniega la petición, como es el caso, en cinco días se entenderá concedida. La normativa añade que, “para no lesionar el principio de eficacia administrativa de los servicios municipales”, se entregará cuando el volumen de trabajo lo permita. Y añadió que recibirá la documentación en breve.

Entre reproches mutuos y citas al refranero, ante los que el alcalde tuvo que mediar, Camacho insistió en que no se vulnera ningún derecho de la oposición. Dijo contestar con dureza ante las mentiras y reprochó al PP que, “por incapacidad y nerviosismo”, recurra a “la política del barro”. Según Pablo Camacho, el Grupo Popular ha tenido 45 meses para solicitar esta información y lo ha hecho ahora a dos meses de las elecciones. “La documentación no les importa, les importa generar crispación porque no les salen los números”, añadió.

Explicó al pleno que se pregunta únicamente por el expediente del actual alcalde cuando entre las seis personas seleccionadas en aquel proceso de 1987 también hubo una que luego fue concejal del PP. “De ese no le importa el expediente, eso es sectarismo”, según Camacho, que dijo que el expediente que solicitan los populares “lo único que tiene son sus huellas dactilares”, en referencia a que ya lo revisaron cuando gobernaron y conocen perfectamente la información.

Para Pablo Camacho, el PP “no puede hablar de lo que le interesa a los ciudadanos”, y recordó la postura y promesas de los populares en asuntos como la defensa del hospital, el desempleo, el colegio Divina Pastora, el polígono de Sepes, la residencia ‘Los Jardines’ o el cierre de la televisión. Sobre la pretendida privatización del hospital por el gobierno de Cospedal, la actual portavoz del PP rebeló en el pleno que ella no estuvo de acuerdo con la posición de su partido.

El encargado de responder a la tercera interpelación del PP, sobre una sentencia del juzgado de lo contencioso de Ciudad Real tras allanamiento del Ayuntamiento, fue el concejal de Seguridad, Miguel Ramírez. Se debió a una sanción por exceso de velocidad al conductor de un vehículo que alegó que no era él quién lo conducía. Debido a un error en el procedimiento que podía repercutir negativamente en el Ayuntamiento, la defensa de éste optó por aceptar la petición del denunciado.


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