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manchainformacion.com | Los Lectores 10/12/2019
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¿Se puede garantizar el ejercicio de un derecho humano mediante la gestión privada? Esa pregunta está en la base de la lucha contra la privatización de la gestión del agua, no en una ciudad (Alcázar en nuestro caso: nuestra empresa Aguas de Alcázar), sino en todo el planeta. No se trata solo de mantener en manos públicas una empresa concreta, se trata de defender un derecho adquirido por y para todas las personas.

Volvamos a la cuestión: ¿puede una empresa garantizar un derecho? Si lo analizamos a nivel teórico, podríamos decir que sí. Hay empresas privadas que gestionan el derecho a la educación, o empresas privadas que gestionan el derecho a la vivienda digna, o empresas privadas que gestionan la salud. Luego no parece que haya inconveniente en que una empresa privada gestione también el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.

Pero vamos a fijarnos un poco mejor, vamos a mirar más de cerca. Los ejemplos que acabamos de usar tienen todos una segunda parte. Es verdad que empresas privadas gestionan la educación, la salud o la vivienda. Pero si alguien no tiene capacidad económica para pagar los servicios de esas empresas, los estados atienden a su derecho de acceso a la educación, la salud y la vivienda. O eso al menos deben hacer. O sea, que el derecho está garantizado no por la empresa privada, sino por la gestión pública.
El caso del agua es diferente, porque nunca podemos elegir empresa que gestione nuestra agua individual. Si uno quiere agua en su casa, debe ir a la única empresa que en cada sitio la suministra. Luego si esa empresa es privada o está gestionada por un privado, entonces no hay alternativa pública: la única empresa de cada lugar será privada.
No se podría objetar nada si la empresa privada actuara siempre pensando en el bien común, en el ejercicio del derecho al agua. Pero no es así: la empresa privada atiende primero a su beneficio económico, luego a satisfacer los derechos de sus clientes.

Y esa es la otra clave: los abonados a un servicio de agua pasan de ser ciudadanos que ejercen un derecho a ser clientes que pagan un servicio.

La gestión privada suele estar caracterizada por falta de inversiones, por escatimar servicios y por buscar en todas partes el rendimiento económico. Y además por la ocultación de todos los entresijos de la gestión. Nunca se sabe por qué se toma una decisión, nunca se sabe por qué se arregla una tubería y otra tiene que esperar, nunca se sabe a quién se pone al frente de la gestión y por qué razones. La transparencia no existe en la gestión privada, así que la democracia tampoco.

Con todo esto, la respuesta a la primera pregunta se va acercando mucho al no: la gestión privada puede servir para gestionar el derecho humano al agua, pero no lo puede garantizar. Hay muchos intereses que pueden interferir, hay prácticas que pueden obrar para que no siempre el derecho humano esté asegurado.

Y luego está el papel de los responsables públicos. Ellos sí tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. Y sabiendo que la gestión privada no siempre garantiza el uso universal del agua, ¿por qué dejan en sus manos las empresas de agua? Porque son cobardes y no quieren hacer frente a las exigencias de los ciudadanos. Porque son incompetentes y no saben dar el servicio como los ciudadanos lo necesitan. Porque son manipulables y ceden a la más mínima sugerencia de su partido o de quien puede ayudarles a financiar una campaña. Porque son mediocres y se niegan a liderar a una sociedad hacia espacios de democracia y de libertad.

Los derechos humanos tiene que estar en manos públicas, o sea, en las manos de todos. Nunca en las manos de los que buscan solo su beneficio.

Fernando Ruiz de Osma
Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar


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