Según exponen en nota de prensa, se trata de una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista y que será apoyada por colectivos, organizaciones y asociaciones que pretenden que se revoque la decisión de la Junta de Comunidades y se continúe con los trámites para la construcción del Colegio Público Nº9.
Según Bódalo, se trata de «una traición electoral a la ciudad de Alcázar, ya que ninguno de los partidos políticos que conforman el gobierno PP y CxA, han desvelado con anterioridad cuál era su intención, que no es más que la privatización de la educación».
Las «excusas» de la Junta de Comunidades para fundamentar la renuncia de la construcción del Colegio Público nº9, según la resolución de 15 de diciembre de 2011, son las dificultades económicas y que la evolución de la matrícula no lo hace aconsejable en el corto y medio plazo.
La sociedad alcazareña «no puede admitir estas razones porque son falsas; es radicalmente falso que no sea necesario aumentar la oferta de plazas cuando de todos es conocido que el Colegio Juan de Austria está funcionando con siete cursos duplicados, el Colegio Jardín de Arena tiene igualmente dos cursos duplicados y el Colegio Alces ha sacrificado espacios de infantil para acoger provisionalmente dos cursos del Colegio Nº9 y es radicalmente falso, que las dificultades económicas del Gobierno de Cospedal, impidan la construcción del Colegio, ya que este colegio está financiado en el 80% con fondos europeos y sólo el 20% es la parte que corresponde al Gobierno regional, lo que supone menos de 600.000 euros y sobre los cuales desde el Ayuntamiento de Alcázar se podrían prestar para garantizar la construcción del Colegio».
El caso del Colegio Nº9 es «paradigmático, mientras que el Gobierno de Cospedal nos dice que el Colegio no es necesario, el Gobierno municipal, a través de su alcalde, Diego Ortega nos anuncia la construcción de un centro privado excluyente y diferenciado del resto de la oferta local, al que se le garantiza el otorgamiento de un concierto por parte del Gobierno regional, así como la cesión de los terrenos públicos necesarios».
Es decir, «no se necesita un centro para ofertar 200 plazas para escolares, y sin embargo nos anuncian que es necesario invertir en un colegio privado que garantice 600 plazas; es un asunto que sólo nos conduce a pensar que el Gobierno regional y municipal pretende un cambio en el modelo educativo, y ni el Gobierno de Cospedal ni el Gobierno de Ortega en Alcázar tienen legitimidad para imponer un cambio del modelo educativo en nuestra tierra y que nunca se propuso a sus votantes».
