En sesión extraordinaria, y tras el abandono de la sala por parte del Grupo Municipal Socialista por entender que existían defectos de forma en la convocatoria, el pleno aprobó por unanimidad facultar al alcalde para dar instrucciones de inicio de expediente administrativo y de emprender acciones legales con el fin de esclarecer el caso.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista y anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo mostró su desacuerdo con la forma de convocar este pleno extraordinario. A su juicio ha sido “una tropelía y una pantomima”, cuyo objetivo era “causarnos daños por dejarnos sin derecho a defendernos” y por tanto “vicia de nulidad todo”.
Los socialistas consideran que esta convocatoria se ha hecho de forma atropellado y sin tiempo para que la oposición pudiera analizar la documentación, por lo que han solicitado la celebración de otro pleno extraordinario en el que se pueda debatir este asunto después de haber conocido la documentación pertinente.
El equipo de Gobierno aseguró que “la pantomima” es del Partido Socialista que con ello “pretende desviar la atención”, algo que el alcalde les dijo que “no les iba a consentir”, porque se han cumplido los plazos de convocatoria del pleno extraordinario y “lo que vamos a debatir es muy grave”. Ante el desacuerdo de los socialistas, el Grupo Municipal abandonó el salón de plenos antes de empezar a debatir el detalle del único punto del orden del día.
El objeto de debate partía de dos facturas de dos empresas que suman un importe superior a 154.000 euros por dotar de iluminación el Parque Alces y sobre lo que se comprobó que no existía expediente de tramitación al uso, sino que, según expusieron tanto el portavoz del Partido Popular como el Ciudadanos por Alcázar, Enrique Ramos y Ángel Montealegre, respectivamente, la concesión se trató en una reunión en la que estaban presentes el anterior alcalde y el anterior concejal de Obras además de algunos funcionarios públicos.
Según el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Peces además de la adjudicación verbal, no existía crédito presupuestario para tal fin. Por eso “se pide la nulidad de las acciones y acción de registro por el ámbito de responsabilidad que se tenga que pedir”, una circunstancia que se elevó al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que respondió que “se había detectado defectos en la instrucción, susceptibles de nulidad” y añadió que aparece “una clara implicación directa” de Sánchez Bódalo por proceder a la aprobación de la concesión sin dar lugar al expediente de licitación.
Los dos portavoces de los dos partidos del equipo de Gobierno dieron cuenta de la relación de fechas en las que se produjeron los hechos. Montealegre significó que la obra de remodelación del Parque se inauguró “a bombo y platillo” el 12 de marzo y el proyecto de iluminación se visa por el Colegio de arquitectos el 3 de abril. El 13 de abril, los técnicos dicen en un informe el proyecto de iluminación “se ha hecho como usted sabe” dirigiéndose a quien era el alcalde en ese momento. “Esto saca de sus casillas al señor Bódalo” que “ordena al arquitecto” hacer otra redacción con sus indicaciones y el 25 de abril se aprueba el proyecto, fecha en la que la obra ya está ejecutada e inaugurada, aunque sin proyecto a esta fecha.
El secretario añadió que “estamos ante una adjudicación verbal, sin adjudicación y sin crédito presupuestario ni contratación” y por tal motivo “es objeto de nulidad”. Esta circunstancia impide que las empresas afectadas puedan cobrar, aunque serán indemnizadas cuando se resuelva el conflicto.
Montealegre dijo que esto debe tener “repercusiones administrativas y penales” y que ante la situación, lo primero que debe hacer Sánchez Bódalo “es dimitir y lo segundo defenderse”, porque “nuestra obligación como gobierno es que se conozca la verdad y se haga justicia”.
Enrique Ramos insistió en que cuando se hizo la obra, el proyecto “no estaba ni visado”, por lo que los técnicos se preguntaron “cómo visar algo que ya está hecho y Bódalo ordena que se dijera así y que los técnicos replanteen el proyecto”.
Por todo, en el Pleno se esta mañana se dado inicio al expediente para garantizar los derechos de todos los implicados “por lo que políticamente no se entiende la maniobra de los que quieren la declaración de nulidad que impediría que el empresario fuera indemnizado”.
El alcalde cerró la sesión indicó que lo que se hizo fue “una auténtica chapuza que se agrava con el intento de legalizar una actuación irregular, después de saltarse todos los procedimientos legales”. “El tufillo no es bueno por lo que desde la Alcaldía va a adoptar las medidas oportunas”.
