Esa amnistía es inconstitucional
Durante las últimas semanas estamos asistiendo a un entresijo de argumentos políticos, mezclados con argumentos jurídicos, que buscan la justificación de una amnistía que es contraria a todo el marco constitucional de nuestro país.
Ya hay quienes están dispuestos a poner las primeras vendas a un futuro acuerdo político en beneficio del candidato Pedro Sánchez, que supondría un encaje constitucional de la amnistía en el artículo 62.i de la Constitución, pero que dicho artículo prohíbe la autorización de indultos generales.
Y es que, las figuras jurídicas de la amnistía y del indulto, no son sinónimos, sino que tienen elementos diferenciados que afectan a los valores superiores de la Constitución española, y por tanto, resulta ya inconstitucional la amnistía que se quiere imponer en España en favor de los condenados por Sentencia firme por delitos contra el Estado.
El indulto supone salir antes de la prisión, y-entre otros requisitos- porque se ha reparado el mal cometido a las víctimas, pero mantiene la existencia de la comisión de los hechos delictivos, con el mantenimiento de los antecedentes penales.
Sin embargo, la amnistía es reconocer que el delito no se realizó, anulando todo el proceso judicial, eliminándose la condena y hasta los antecedentes penales; lo que supondría un claro ataque a la independencia judicial de este país, y los valores constitucionales.
Por eso, aunque nada diga la Constitución española de 1978 sobre la amnistía, ni la aprueba ni la prohíbe, lo cierto y verdad es que la amnistía que se nos anuncia desde las negociaciones políticas, sí que estaría en contra de los principios constitucionales, lo que ya indica que esa propuesta política sería inconstitucional.
Es más, la propia Organización de las Naciones Unidas viene promulgando la negativa a la amnistía, por el perjuicio que supone a las víctimas, pero también porque la amnistía permite olvidar delitos graves que supondrían un olvido colectivo que generaría una conciencia impune.
Hoy, de nuevo, ante los nuevos entresijos políticos, que afectan al sistema constitucional, es necesaria una clara defensa de los valores constitucionales como son los de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que garanticen la convivencia democrática, en el marco constitucional, y en defensa del bien común del conjunto de la sociedad española.
Eduardo J. García Villajos Abogado. Máster en Derecho Constitucional
