Miguel Ángel Bravo, en representación del partido Alcázar Ciudadana Alces, y Ángel Montealegre, en representación del partido UCIN, han ofrecido una rueda de prensa este miércoles 1 de febrero en Alcázar de San Juan para presentar la nueva coalición “Por Alcázar” que une a ambas formaciones y que se presentará a los comicios del próximo 28 de mayo en la ciudad. Su eslogan será “Alcázar 100%”.

Montealegre exponía durante el encuentro con los medios que “Alcázar merece una voz política que trabaje por el beneficio de los ciudadanos; se tiene que acabar la barra libre que ha tenido durante ocho años el PSOE de Rosa Melchor. Han hecho barbaridades y nadie se ha enterado”, defendía. En las próximas semanas irán presentando proyectos para Alcázar y las personas que van a participar en la lista electoral: “Nosotros aún no tenemos ninguna candidata o candidato a la alcaldía, pero este mes de febrero lo haremos público”, ha expuesto.

LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO LA CREACIÓN DE ESTA COALICIÓN

Montealegre ha explicado las razones que les han motivado para presentar esta iniciativa de coalición electoral: “La primera es que hemos analizado que Alcázar lleva ocho años sin gobierno y también sin oposición. Si preguntamos por la calle, la gente dice que no hay oposición y que, por tanto, este Ayuntamiento y este gobierno actual lleva ocho años sin ella; nosotros, que somos una coalición con la clara voluntad de gobernar, no tenemos ningún reparo en decirle a los ciudadanos que, si ellos consideran que no tenemos que gobernar, que sepan claramente que Alcázar tendrá la oposición que merece”, ha destacado en primer lugar.

La segunda razón “fundamental” que ha expuesto es la “enorme presión fiscal que tenemos en Alcázar; durante ocho años, este gobierno se ha dedicado a subir los impuestos, las tasas municipales y los precios públicos de una manera desorbitada”, ha defendido.

Y ha citado que, según se exponen en datos de la web municipal, “la presión fiscal se ha elevado en torno al 30%”, y ha citado el IBI, que “ha subido de golpe más de un 25%”: “Si se acude al presupuesto de 2018, el Ayuntamiento recaudaba algo más de 6 millones de euros. En esa web, si ustedes van al presupuesto de 2022, el presupuesto de recaudación asciende a 8.926.631 euros, es decir, que el Ayuntamiento ha ingresado un 33% más de los ciudadanos que pagamos religiosamente el IBI y la contribución”, señalaba Montealegre.

Y continuaba: “Este impuesto lo pagan el pensionista, los trabajadores y también los ricos. El IBI, a quien más ha perjudicado el gobierno socialista de la señora Melchor, es a la gente que menos recursos tiene. Y no entiendo por qué esto no ha sido una batalla importante de la oposición durante estos años”, señalaba. El Ayuntamiento de Alcázar “ha tenido una avaricia recaudatoria impresionante, y esto hay que cambiarlo. Nosotros tenemos claro que reduciremos la presión fiscal de Alcázar como objetivo prioritario”, exponía Montealegre.

También ha citado como otra razón la “falta de democracia en el Ayuntamiento, sobre todo cuando aprueba el Reglamento de Ordenación Municipal, que marca las reglas del juego en cuanto a la participación política”.

También ha puesto sobre la mesa el “caos en la gestión de personal” del Consistorio: “Sé cómo, desde el gobierno municipal, se han colocado a trabajadores afines al régimen, incluso a dos de ellos que dicen que son jefes de Administración y Servicios, con unos sueldos increíbles que, por cierto, no conocemos. Espero que, en aras a la transparencia, el PSOE nos diga el salario de estos dos trabajadores. Y lo curioso de esto es que el propio gobierno de Pedro Sánchez, a través de su delegado del Gobierno, ha denunciado estas plazas”, remarcaba Montealegre.

Otra de las cuestiones que se ha marcado como objetivo es el “control de las obras públicas”: “En Alcázar ha ocurrido algo que es gravísimo, que son obras públicas adjudicadas a dedo, como la de la Plaza de España”. “¿Cómo es posible que una obra valorada en millón y medio de euros, que es sometida a un concurso como establece la ley, se adjudique, la empresa adjudicataria renuncie, se paralice la obra y, en lugar de volver a licitarla, se adjudique a dedo a TRAGSA, una empresa pública de la Diputación?”, se preguntaba Montealegre.