Cargando...El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha exculpa a Javier López Reíllo, ex concejal del Partido Popular de Campo de Criptana, de las acusaciones emitidas por parte del Grupo Socialista, en relación a presuntos cobros ilegales.
En el año 2017, el grupo socialista del Ayuntamiento de Campo de Criptana, acusaba públicamente al entonces concejal de Cultura del Partido Popular y actual miembro de su comité local, Javier López Reíllo de encontrarse en una situación de ilegalidad, percibiendo salario de dos administraciones públicas: por un lado, la retribución como concejal liberado en el Ayuntamiento de Campo de Criptana y por otro, como profesor de guitarra en la Escuela Municipal de Música del municipio de Villacañas (Toledo), puesto desempeñado por López desde el año 2005 y comunicado con absoluta transparencia antes de que jurara su cargo como concejal.
Miembros del Partido Socialista se ocuparon de verter difamaciones y poner en marcha una campaña de desprestigio a nivel político y personal contra López, el cuál y como dicta la sentencia “nunca ocultó su actividad marginal” como profesor, ya que previamente, el exconcejal había presentado toda su actividad laboral en la exigida declaración de actividades presentada antes de formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Campo de Criptana, en el año 2015.
Por su parte y aprovechando las difamaciones de sus colegas de partido, Santiago García Aranda, alcalde de la localidad de Villacañas (Toledo), decidió suspender a López de empleo y sueldo durante un período de seis meses, sin tener en cuenta la reputación intachable y la honestidad con la que López había operado en sus movimientos, desde que el Partido Popular le propusiera formar parte de la candidatura con su grupo.
Ahora, más de tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha exculpa a Javier López Reíllo de las acusaciones vertidas por el grupo socialista criptanense, obligando al Ayuntamiento de Villacañas a revocar la sanción impuesta y dejarla sin efecto, al igual que a abonar al exconcejal los salarios dejados de percibir al considerar la sanción injustificada.
