Cargando...Esta reforma no responde a una demanda social, sino que tiene que ver con la ideología de este Gobierno, pues “la ley vigente, aprobada por un Gobierno socialista con amplio consenso político y social, se está aplicando sin dificultad en todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas en las que el PP gobierna, es una ley que trata el tema de forma integral, es buena y no necesita cambiarse, nadie lo ha pedido”.
Además, la reforma propuesta por el Gobierno del PP apenas cubre el 8% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen, dejando fuera de la legalidad a cerca de 100.000 mujeres, “lo que provocará de nuevo una desigualdad, las que de forma legal y segura se puedan permitirse hacerlo en los países vecinos de la UE ; y aquellas que deban recurrir a la clandestinidad, con el riesgo que supondrá para la salud y vida de estas mujeres”.
Por último, el rechazo a esta reforma planteada por el Partido Popular ha sido contestado por toda la sociedad, por organizaciones de mujeres, médicas, sanitarias, psiquiátricas y jurídicas, e incluso en las mismas filas del PP.
Desde el PSOE consideramos esta reforma un retroceso social de más de 30 años, un ataque a la dignidad de la mujer y a su derecho a decidir libremente sobre su maternidad, además de una desigualdad, ya que ningún gobierno puede obligar a una mujer a ser madre si no lo desea, y quien decida abortar lo seguirá haciendo fuera de nuestras fronteras si se lo puede permitir.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista lamentamos que el PP de Socuéllamos rechazase el apoyo a esta moción haciéndolo además con argumentos falsos e incorrectos, poniéndose del lado del PP más conservador, como ha ocurrido con el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que ha impedido que las Cortes de Castilla-La Mancha se pueda debatir sobre esta reforma; y no seguir los pasos de otras administraciones, tanto locales como provinciales, como ha ocurrido en Piedrabuena, donde el PP ha apoyado la moción presentada por el PSOE, por la que se insta al Gobierno a su retirada de forma inmediata y no continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley del Aborto.
