El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento alcazareño se personó como parte afectada en la querella de Aguas de Alcázar, interpuesta en los Juzgados de la localidad por el Consejo de Administración de la empresa de Aguas. El motivo fue el informe pericial judicial que detectó una posible sobrefacturación de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento, con el consecuente perjuicio a las arcas consistoriales y “al dinero de todos los ciudadanos”, expuso Mariano Ormeño, concejal de Servicios Jurídicos de Alcázar. Ahora, han solicitado una ampliación de esta querella y la imputación de la ex concejala de Hacienda, Ana Belén Tejado y el antiguo Interventor de fondos, Carlos Mora. Ampliación que fundamentan en el expediente del alumbrado del Parque Cervantes, una obra por un coste de 350.000 euros «que se facturó en dos ocasiones»; la primera a una empresa privada -que realizó esta acometida- y en una segunda ocasión a Aguas de Alcázar, “para falsear subvenciones”.
Ormeño explicó que “hay indicios de malversación de fondos públicos” en este expediente en concreto, «en el que tanto Tejado, como Mora, participaron». La primera «firmando los dos decretos de pago y el segundo dando el visto bueno del Ayuntamiento para la realización del mismo»; “sabiendo que Aguas de Alcázar nunca hizo estas obras y dando curso a una factura falsa para justificarlas y solicitar subvenciones”. Esta doble factura, dijo Ormeño que se realizó porque la condición para recibir la subvención de la Diputación de Ciudad Real, para el citado alumbrado, es que ésta se hubiera llevado a cabo mediante recursos propios del Ayuntamiento, “cosa que no fue así”.
El concejal de Servicios Jurídicos aseguró que esta ampliación de la querella de Aguas, en ningún momento, se hace por “revancha política” –como argumentan desde el PSOE- sino por la “obligación de velar por la transparencia”. Volvió a insistir en que hay indicios de una posible “trama de corrupción” y que los diversos organismos autónomos como la Fundación Municipal, Medios y Recursos o la propia Aguas de Alcázar “se utilizaron como excusa para posibles prácticas delictivas, dando curso a contratos sin necesidad que pasaran por el Pleno del Ayuntamiento. Contratos que favorecieron a empresas privadas y particulares. Este era el Universo que crearon los socialistas en el Ayuntamiento”.
Ormeño concluyó pidiendo al PSOE, nuevamente, que “dé explicaciones” al respecto a los ciudadanos y que “exija responsabilidades” a las personas imputadas o bajo sospecha, “por honestidad política”.
Igualmente, toda la documentación presentada en el Juzgado alcazareño relacionada con esta querella se remitirá al Tribunal de Cuentas para que analice las posibles irregularidades contables.
Los próximos días 24 y 25 de febrero, se tomará declaración a las personas que ya están imputadas, un total de cinco; José Fernando Sánchez Bódalo, Benito Montiel, Javier Azaña y dos técnicos municipales. No se sabrá si el Juzgado de Alcázar admitirá las nuevas imputaciones hasta dentro de un mes o cuarenta días.





































































