Cargando...Bremard calificó el último año 2014 como el “año de las desigualdades”, en especial las que afectan a las mujeres, debido a los “recortes” en políticas de igualdad y contra la violencia de género y otras medidas, como la reforma laboral o la del Código Penal, la Ley Wert o el intento de modificaciones de la Ley de interrupción del embarazo. “El PP está gobernando en contra de las mujeres”.
En cuanto a las políticas de igualdad, mencionó que “los recortes presupuestarios” han supuesto que se destine un 33% menos de los recursos económicos que había en 2011 para tal fin, al igual que un 22% menos en políticas contra la violencia de género. También aportó Bremard el dato que, “por primera vez en 40 años”, ha descendido la población activa femenina situándose la tasa en un 53,9%, lo que supone el número de 43.000 mujeres menos trabajando que en a finales del año 2011. En el último trimestre de 2014, tan sólo un 54,7% de la población femenina se encontraba desarrollando una actividad laboral. Señaló también que el número de mujeres paradas de larga duración han aumentado en 462.000. A esto sumó la devaluación salarial que afecta a la población femenina, “abriendo una brecha laboral en comparación con sus compañeros que supone que, en igualdad de condiciones, las mujeres tienen que trabajar 79 días más que los hombres para percibir el mismo salario”, según un informe publicado por UGT. Por último, Bremard habló de conciliación de la vida laboral y familiar, destacando que “siguen siendo las mujeres las que solicitan, en mayor número, excedencias para cuidar a los hijos o a familiares enfermos” (95% para el cuidado de los hijos, 85% familiares). “No existe corresponsabilidad real”.
Todos estos motivos son los que apoyan la moción que el PSOE presentará en el próximo pleno y que esperan sea apoyada, por unanimidad, por todos los grupos con representación municipal. Una moción que solicitará la puesta en práctica de políticas efectivas de igualdad, de un modo transversal, en todas las actividades que desarrolle el Ayuntamiento; además de instar al Gobierno nacional a “restaurar los recursos suprimidos en políticas de igualdad y contra la violencia de género”, así como “la dotación presupuestaria suficiente para reforzarlas”. Una última “reivindicación” al Gobierno nacional será la de pedir que los Ayuntamientos recuperen competencias específicas en relación a estas políticas y que “se derogen” las leyes que “están afectando a los derechos de las mujeres”, como el anteproyecto de corresponsabilidad parental, la reforma laboral o las modificaciones en la Ley de interrupción del embarazo.
