Cargando...Jiménez explicó que los usuarios de Ayuda a Domicilio no pagarán más de 24 euros al mes, como se acordó en pleno, y que lo sucedido con los recibos del mes de enero “sólo ha sido un error que va a subsanarse”. En cuanto al fraccionamiento del pago de los 9 recibos de 2014, explicó que “no se aplica un 5% de recargo en cada recibo, como dijo Bremard, se aplica un 4,37% por intereses de demora sobre el total de la deuda. Esto supone que, en dos años, los usuarios pagarán, como mucho, 31 euros, dependiendo del importe que se adeude. Hay algunos que tan sólo pagarán 5 euros en dos años”. Insistió en que este fraccionamiento “sólo se ha aprobado para la Ayuda a Domicilio, por tratarse de un tema social” y que no puede aplicarse al resto de tasas municipales.
El concejal de Bienestar Social lamenta que el PSOE “no proponga nada” y que su labor “se limite a dar ruedas de prensa que no aportan soluciones”. En cuanto a las reivindicaciones de la Plataforma de la Dependencia y las diferentes asociaciones afectadas, aseguró que desde su Concejalía “hemos trabajado siempre en colaboración con ellos”. Aseguró que el equipo de Gobierno “es consciente” de lo que piensan los usuarios acerca del servicio de Ayuda a Domicilio y que, en breve, se resolverá el nuevo contrato para la prestación del mismo. Un contrato que supondrá “una forma nueva y original de gestionar el servicio” y que aportará “una mejora significativa en la calidad del servicio”.
Por otra parte, también quiso explicar lo que sucedió el pasado año con las tasas de Ayuda a Domicilio, cuyo origen dijo venía de la propia Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero en el año 2006 y que tenía que ser revisada 5 años después, en 2011. “Como coincidió con las elecciones, ha tenido que ser el PP el encargado de hacer la revisión de esta Ley”. Para tal fin se reunió el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas y técnicos del Ministerio de Asuntos Sociales. El 4 de agosto de 2012 se publicó en el BOE el resultado de esta revisión y las conclusiones que apuntaron un “desajuste” con respecto a la Ley de Dependencia y a la Ayuda a Domicilio, en cuanto a las horas de prestación del servicio y a las tarifas. Ese mismo año, salió un Decreto en las Comunidades Autónomas, también en Castilla La Mancha, que introdujo la “capacidad económica” de los usuarios, en función de su renta, para valorar la aplicación de la tasa a pagar por el servicio. Un concepto que Jiménez explicó “se contemplaba en el Artículo 33 de la Ley de Dependencia”. A la introducción de este criterio, “copago con los usuarios”, se le aplicaron, en principio, dos bonificaciones, una en relación al IPREM y otra situando el techo de la tasa en 80 euros. Posteriormente, el Ayuntamiento alcazareño, aplicó una tercera bonificación sobre el resultado, con la aplicación de un descuento del 70% sobre el importe de los recibos, a partir de 2015. Jiménez aseguró que otros Ayuntamientos, como el de Toledo, “gobernado por el socialista García-Page”, no contemplan esta bonificación y “aplican la tasa a rajatabla”.
