Carmen Nieto y otros miembros de la Comisión Vecinal -en la que además de los vecinos del barrio de La Pradera se han integrado ciudadanos de otra asociaciones- se han personado junto al Fiscal como acusación y han prestado ya declaración en relación a la denuncia que Nieto presentó contra el alcalde, Diego Ortega, y dos miembros de su equipo de Gobierno, la teniente de alcalde María Jesús Pelayo y el ex – concejal Ángel Puente por presunta “prevaricación y trato de favor hacia la empresa de reciclado de neumáticos».
Nieto se reafirma en el motivo de su denuncia, basada en “irregularidades en la tramitación de licencias en el tiempo récord de 24 horas y antes de la licitación de los terrenos”; además de «conceder a la empresa en cuestión unos terrenos vulnerando la Ley de Suelo de Castilla-La Mancha, que no permite que se instalen en ellos empresas con ánimo de lucro”. A lo que se suma que la “condición” que puso el propio Ayuntamiento para licitar los terrenos es que la actividad desarrollada por la empresa tuviera la calificación de I+D+i, “de la que esta empresa no dispone”. Nieto argumentó también que el registro de la propiedad “ha denegado por dos veces el cambio de titularidad de los terrenos y Diego Ortega puso la primera piedra sabiendo que la ubicación de la empresa era ilegal”.
EXPEDIENTE AMBIENTAL
Además de la apertura de diligencias, Nieto mencionó que el Fiscal Jefe de Ciudad Real solicitó el expediente ambiental de la empresa, del que ya disponen. Esta solicitud se deriva de la denuncia paralela que pusieron ante la Fiscalía “por posible daño ambiental” por las “emisiones de humos” a la atmósfera derivadas de la actividad de la planta. Nieto explicó que el citado expediente “lo están estudiando expertos” y que de un primer análisis se deduce que la Junta de Comunidades “ha sido excesivamente tolerante con la empresa de reciclado de neumáticos, ya que las revisiones de emisiones las establece cada cinco años, un período de tiempo más largo que el de otras empresas similares”. En el citado expediente “no se hace referencia al problema de ruidos, ni a la impermeabilidad del suelo en la zona de almacenamiento de neumáticos, necesaria para evitar filtraciones. No olvidemos que está muy cerca del complejo lagunar, una zona protegida, porque es reserva de la biosfera”.
Por último, en nombre de los vecinos de La Pradera, Nieto volvió a recordar que “no tenemos nada en contra de la empresa, ni de su actividad. Sí del lugar en el que se ha ubicado porque puede perjudicar a nuestra salud, que es lo primero en lo que tendría que haber pensado el alcalde y los concejales que mediante chanchullos han permitido que se instale próxima a nuestras viviendas, al hospital y a un espacio natural protegido. No penalizamos a la empresa, sino a los políticos responsables de que esto haya sucedido”.
La Comisión Vecinal ha solicitado al juez que “paralice” cualquier actividad de la empresa –actualmente en pruebas- hasta que se resuelva la denuncia y se dicte sentencia al respecto, una sentencia que esperan “sea favorable”.




































































