Cargando...La sentencia condena en costas al Consistorio, pide la reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo y la devolución de las diferencias retributivas que ha perdido en estos años. El SAP, sindicato al que pertenece Mora, pedirá “responsabilidades patrimoniales” a los miembros del equipo de Gobierno saliente.
Carlos Mora compareció ante los medios de comunicación para explicar la situación vivida y los motivos de su cese. “No lo he hecho en todo este tiempo y creo que, tras la sentencia, es el momento de explicar los verdaderos motivos de mi cese, por parte de un sector del equipo de Gobierno obsesionado conmigo que han llegado a mencionar mi nombre en varios Plenos”.
Mora entró como interventor accidental en el año 1996, tras la jubilación del anterior interventor municipal, durante el Gobierno del socialista José Eugenio Castellanos que formó equipo en coalición con IU. El procedimiento por el que tuvo acceso a este puesto fue un concurso de promoción interna al que concurrieron tres candidatos, consiguiendo la plaza por méritos y después que una de las personas concurrentes presentara un recurso que el Tribunal Superior de Justicia desestimó. Ostento este cargo desde octubre de 1996 hasta noviembre de 2011, cuando fue cesado de sus funciones por el actual equipo de Gobierno mediante un Decreto de Alcadía.
“Mi cese fue absolutamente esquizofrénico, ya que en mayo de 2012, también mediante un Decreto de Alcaldía, se consideró, por mi experiencia, que era el candidato más idóneo para ocupar el puesto de interventor. En septiembre de 2013, otro Decreto de Alcaldía, anunciaba mi cese por considerar que mi accidentalidad en el puesto había durado demasiado tiempo y había que nombrar a otro interventor. La auténtica razón de este último Decreto es que mi persona incomodaba, especialmente después de elaborar un informe, a petición del alcalde, desfavorable a la nulidad de los convenios de las termosolares, contradiciendo otro informe elaborado por el secretario municipal”. El informe de Mora fue refrendado después por un Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha que “no encontró motivos” para la nulidad de los citados convenios y mencionaba que el informe elaborado por el secretario “era caótico y equivocaba la legislación”, según apuntó Mora que asegura que, en ningún momento, y después que ayer se conociera la sentencia “nadie del equipo de Gobierno me ha pedido disculpas”.
Mora asegura, además, que “sabían que mi cese era ilegal y que el alcalde no tenía competencias. Me llegaron a decir que cuando saliera la sentencia de mi recurso ellos ya se habrían ido”. Aprovechó su comparecencia pública para denunciar que “no he sido el único funcionario que ha sufrido persecución por el equipo de Gobierno de PP y CxA, hay otros compañeros que, por motivos ideológicos, se han visto en situaciones parecidas, como las compañeras de la Fundación Municipal despedidas, Meli y Teresa, que también tendrán que ser readmitidas por sentencia judicial; o el que fue durante más de 20 años secretario del Ayuntamiento, Jesús Lizano, entre otros.
Por último, agradeció a sus compañeros del Sindicato de la Administración Pública (SAP) la “generosidad y el apoyo” que le han dado en este tiempo, “permitiendo mi liberación para impedir que sufriera el escarnio al que querían someterme algunos de los miembros del equipo de Gobierno”.
Con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que condena en costas al Ayuntamiento, anula el cese y obliga a la devolución de las retribuciones perdidas por Mora en este tiempo, se da la circunstancia que desde octubre de 2012, hasta la fecha, “el Ayuntamiento tiene que pagar lo mismo que si hubiera tenido dos interventores. ¿Esto quién lo paga? ¿Los ciudadanos? ¿Tienen que pagar dos sueldos por la ineptitud y la mala fe de unos cargos políticos?”
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
La secretaria de acción sindical del SAP, María del Mar Valdellós, adelantó que su sindicato pedirá “responsabilidad patrimonial” a los miembros del equipo de Gobierno causantes de esta situación, conforme apunta la Ley en relación a decisiones de gestión que “causen dolo a la Administración y a los ciudadanos”. Presentarán un escrito al nuevo equipo de Gobierno para que inicie un expediente en este sentido.
