Cargando...Después de estudiar la documentación presentada por el Ayuntamiento de Alcázar y por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Castilla-La Mancha, la Justicia ha resuelto que la actividad de esta planta “cuenta con las autorizaciones” requeridas y “no supone un menoscabo de la salud humana y el medio ambiente”. Por otra parte, sigue en marcha la denuncia que la asociación vecinal interpuso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcázar por posible “prevaricación administrativa”.
La Fiscalía argumenta que la documentación relativa a licencias y control de actividades nocivas para la salud o el medio ambiente de la que dispone la empresa, cuya actividad autorizó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “es conforme a legislación”. Explica también que la planta de reciclado de neumáticos, debido al procedimiento empleado para el tratamiento de residuos (pirolisis) y la cantidad anual que procesará (11.000 toneladas de neumáticos y 1.000 de plástico y caucho derivados), residuos que “no tienen el carácter de peligrosos”, no está obligada a realizar, según Ley, un informe de impacto ambiental; pese a su ubicación próxima a una zona residencial, un centro hospitalario y un paraje natural protegido.
No obstante, el 19 de noviembre de 2013, la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental emitió dos informes, uno en el que se le pide la evaluación de impacto ambiental y otro en el que la archiva. La Fiscalía atribuye este hecho a un “error” por considerarse la instalación como “química”, cuando el tratamiento de pirolisis no está incluido en esta categoría, motivo por el que, con esta misma fecha, se archivó el expediente.
La representante de la Asociación de Vecinos del barrio de La Pradera, Carmen Nieto, dijo a manchainformacion.com que la decisión de la Físcalía “se ha basado sólo en la documentación trasladada por la Junta” y asegura que el hecho que, en un mismo día, se solicite primero un informe y después se archive “chirría”. El motivo al que alude es que “no puede ser que en un solo día la empresa entregue la documentación complementaria que se le requiere y cambie el expediente; el número de toneladas de neumáticos a reciclar por año, por ejemplo”.
No obstante, Nieto apuntó que “sólo se ha archivado la investigación ambiental, pero hay en curso una denuncia penal en el juzgado de Alcázar por posible prevaricación administrativa”. Una denuncia que una Comisión Vecinal, constituida a tal efecto, presentó por considerar que puede haber “irregularidades” en el procedimiento de licitación de los terrenos donde se ubica la planta de reciclado.
Igualmente, la representante de los vecinos de La Pradera adelantó que, una vez constituido el nuevo Gobierno regional, remitirán un escrito a la Junta de Comunidades sobre este asunto “ya que tenemos un compromiso verbal, tanto con el PSOE, como con Podemos”.
“SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO BIEN HECHO”
Diego Ortega, alcalde de Alcázar en el momento de los hechos denunciados, mostró a este medio su “satisfacción por el trabajo bien hecho” del equipo de Gobierno que dirigía, puesto que el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía demuestra “lo que dijimos, que todo se había hecho siguiendo los procedimientos legales y en base a los informes de la Junta de Comunidades y de los técnicos municipales”.
El ex alcalde reiteró que este asunto salió a la palestra “en plena campaña electoral”, para ser utilizado “como arma política, como así evidencia la Fiscalía”. Por eso, ve “lógico”, que a pesar de que la resolución “llegó el 20 de mayo”, todavía inmersos en la campaña electoral, “no se haya querido hacer público por ser desfavorable a sus intereses”, lo que a su juicio incide en “la intencionalidad política que había detrás”. No obstante, el equipo de Gobierno y el Grupo del Partido Popular “siempre ha estado tranquilo, porque sabíamos que todo se había hecho de forma legal”.
Por otro lado, reiteró no tener constancia sobre ninguna notificación del Juzgado de Alcázar de San Juan, aparte de la documentación que solicitó al Ayuntamiento en su momento, como también lo hizo la Fiscalía de Ciudad Real, “pero aparte de eso, no sabemos más”.
En relación a la licencia, la notificación de la Fiscalía “ratifica que todo se hizo conforme a la Ley, con todos los trámites en fecha”. En este sentido recordó que este tipo de acciones las desarrollan los técnicos, que son los expertos en el tema, y no los políticos, que lo que sí hacen es firmarlas.
