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En cuanto a la anulación del expediente de licitación del servicio de limpieza viaria, limpieza de edificios municipales y mantenimiento de jardines, que se dejó sobre la mesa por el anterior equipo de Gobierno tras conocerse que el técnico que redactó los pliegos y el informe de baremación estaba imputado en el caso Brugal, a la espera de la elaboración de un nuevo informe por parte de un técnico de otra Administración Pública que no llegó a realizarse; fue aprobado por el Pleno con los votos en contra del PP. La intención del equipo de Gobierno de PSOE, Equo e IU es volver a presentar a concurso público estos servicios, pero de modo separado, para que las empresas de la localidad puedan optar a la licitación en igualdad de condiciones.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Ortega, criticó que tanto Equo, como IU, votaran a favor de este punto, considerando que “muestran que están a favor de la privatización de un servicio público, incumpliendo sus programas electorales”. Los portavoces de sendos grupos, Juan Garrido y Antonio Jesús García, aclararon que votaban “a favor de la anulación de un expediente, no de la licitación del servicio”. Remarcaron que están a favor de una gestión pública cien por cien y trabajarán por ello, pero entienden que en este caso, al tratarse de un servicio de obligado cumplimiento “el tiempo apremia”.
NOMBRES DE LAS CALLES
Este punto fue el que levantó una mayor polémica en la sesión plenaria de ayer, especialmente entre el público. Se cambiarán los nombres de cinco calles y un parque para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Estas calles son Bonifacio Romero, que pasará a llamarse calle Alegría, José María Aparicio que se llamará Fraternidad, Álvarez Guerra que será Concordia, Hermanos Galera que recuperará su antiguo nombre de calle La Feria, García Morato que tendrá ahora el nombre de Solidaridad y el parque de Eugenio Molina que será parque Picasso.
El Grupo Municipal Popular opinó que “los grupos de extrema izquierda que están en el equipo de Gobierno han traído este asunto a pleno atendiendo a intereses políticos revanchistas”. Hicieron mención a un panfleto repartido por los vecinos en el que se hablaba de “costes” derivados del cambio de nombre de las calles que la alcaldesa, Rosa Melchor, se encargó de desmentir; asegurando que el único documento que supone un gasto es el certificado catastral que emite el Ayuntamiento y se comprometió a que éste no suponga ningún coste. Igualmente, a petición del grupo de Equo y de los propios vecinos, intentarán que convivan durante el máximo tiempo posible los dos nombres, para evitar problemas y, en los próximos días, mandarán una carta a los vecinos que residen en estas calles para trasladarles toda la información.
Pero este tema levantó también ampollas entre el numeroso público asistente que, en algunos momentos, abuchearon tanto al equipo de Gobierno como a la oposición; incluso hubo enfrentamientos entre algunos de los presentes, entre los que pensaban que debe aplicarse la Ley de Memoria Histórica y los que consideran que, con esta medida, el nuevo Gobierno “quiere crear más polémica”.
En cualquier caso, las aguas no llegaron al río, después que la alcaldesa pidiera respeto para todos los concejales de la corporación. La propuesta se aprobó con los votos en contra del PP.
Otros de los asuntos tratados fueron la adjudicación definitiva del quiosco-bar el Rocío, que contó con la unanimidad del Pleno y se aprobó también de urgencia la reincorporación de las trabajadoras despedidas de la extinta Fundación Municipal, cuyos despidos fueron declarados nulos por el Tribunal de lo Social de Ciudad Real.
