¿Qué es el allanamiento? Pues bien, se trata de que con esta actuación, la parte demandada, es decir, el propio Ayuntamiento, “acepta los argumentos del demandante (Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar) admitiendo que tiene razón en su demanda”, según palabras del portavoz de la Plataforma, Fernando Ruiz de Osma.
Este allanamiento supondría el fin del proceso con Aqualia a corto plazo ahora que el juez ha requerido en un plazo de cinco días que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan comunique su decisión al respecto.
A pesar de que el plazo efectivo para allanarse no termina ahora, el juez pide que manifiesten su postura con el fin de formalizar un acuerdo con el órgano competente. Si la Corporación aprobara este allanamiento, se evitaría una futura sentencia final en la que el propio Gobierno resultaría condenado por sí mismo, ya que la venta y todo su proceso quedaría anulado.
APLAZAMIENTO DE LA CAUSA
Al finalizar la rueda de prensa, la alcaldesa Rosa Melchor ha mantenido una conversación con miembros de la Plataforma en la que ha manifestado que va a pedir un aplazamiento de dicha causa. Esto contradice la posición del Grupo Municipal Socialista durante la oposición al Gobierno Popular ya que se perdería la oportunidad de dar por terminada la relación con la empresa Aqualia.
“Entendemos que el Ayuntamiento debe allanarse porque no tendría sentido haber apoyado la demanda y ahora estando en el Gobierno no reconocer que aquella demanda era justa o estaba justificada”, reconoce Fernando Ruiz de Osma. “Sería completamente delirante que el Gobierno no se allanase”, completa el portavoz, ya que el allanamiento es un acto jurídico activo y de consecuencias inmediatas en el proceso.
Según la Plataforma, cada día que pasa la empresa Aqualia se lleva 3.000 euros, “y ahora que se cumple un año, la empresa deberá pagar 1.900.000 euros en concepto de préstamo al Ayuntamiento”. Esta cantidad deberá ser abonada aunque la sentencia sea favorable. Por ello “cada día es importante, si tenemos armas hay que utilizarlas todas para que Aqualia se vaya de aquí”, declaraba Ruiz de Osma.
Los cinco días hábiles en los que el Gobierno Municipal debe decantarse, comprenden hasta este miércoles. Sin embargo, según declaraciones de la propia alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor “con vosotros o sin vosotros, voy a remunicipalizar Aguas de Alcázar”.
Escudada en los servicios jurídicos del Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento la posición que van a mantener aún no está definida, algo que no se entiende desde la Plataforma ya que esta decisión no hace sino alargar la causa sin necesidad ya que se podría hacer “un decreto de Alcaldía ratificado a posteriori en pleno, o convocar un pleno de urgencia, pues hay motivo suficiente que justifica la urgencia”.
Esta es la tercera vez, según la Plataforma, que el juez solicita al equipo de Gobierno que declare si se allana o no en el caso, a pesar de que según palabras de la propia Rosa Melchor, “este plazo es para contestar sobre la causa y no para allanarse”.





































































