A excepción del reglamento de la Oficina de Defensa del Ciudadano, que no contó con el apoyo de la oposición del PP y el Consejo de la Televisión Municipal, un punto en el que se abstuvieron por considerar que el reglamento para su conformación necesita modificaciones; el resto de organismos de participación de ciudadana, como es el caso del Consejo Local de Salud o el de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes contaron con la unanimidad de los grupos municipales.
Equipo de Gobierno y oposición mostraron posturas opuestas en cuanto a la creación de la Oficina de Defensa del Ciudadano. Mientras que PSOE, Equo e IU creen que se tratará de un nuevo servicio “de utilidad” para los ciudadanos, como “una segunda instancia” para que sus quejas, reclamaciones y sugerencias sean atendidas en caso que no estén de acuerdo con la respuesta de la Administración o no hayan sido resueltas, comprometiéndose a resolver en el plazo máximo de tres meses; el PP consideró que esta Oficina “será una traba burocrática más para los ciudadanos” y que “no es necesario”. El portavoz del grupo municipal popular, Diego Ortega, dijo tener la impresión que “es un invento del tripartito para no tener que atender a los vecinos, un barniz más en su política de foto y titular, vacía de contenido”.
En cuanto al reglamento para el Consejo de la Televisión Pública, que se aprobó con la abstención del PP, todos los grupos estuvieron de acuerdo en la “necesidad” de este organismo para “evitar la manipulación por el político de turno”. El problema para que la propuesta no saliera adelante por unanimidad estuvo relacionada con ciertas modificaciones, como que sea este organismo el que elija al director de la televisión local o el destino final de la partida económica asignada en presupuestos, como así expuso el edil popular Manuel de La Guía. Desde IU, Antonio Jesús García, propuso que se aprobara el reglamento bajo el “compromiso de revisión” antes de su aplicación, ya que dijo tener dudas al respecto si estas modificaciones están o no dentro de la legalidad, conforme a la Ley de Bases de Régimen Local.
En definitiva, un Pleno en el que la participación y la transparencia fueron conceptos recurrentes por el contenido del mismo.
OTROS ASUNTOS PLENARIOS
Adhesión al Pacto por el Agua Pública
En la última sesión plenaria también fueron aprobadas mociones presentadas por los diferentes grupos, como la adhesión al Pacto Social por el Agua Pública presentada por Equo, con la abstención del PP que consideró que “no es más que otra moción para mantener abierto el debate sobre Aguas” que, una vez más, salió a relucir en el Pleno.
Durante el debate de esta cuestión, el portavoz popular, Diego Ortega, retó al socialista Gonzalo Redondo, Vicepresidente de la Diputación Provincial, organismo que tiene privatizado el servicio de Aguas en varios municipios, a que presentara esta misma moción en el Pleno de la Diputación, asegurando que si realizaba este “gesto de coherencia” el PP votaría a favor de la adhesión al Pacto del Agua en Alcázar. Redondo respondió al reto asegurando a Ortega que si presentaba “su dimisión” como concejal se comprometía a llevar la propuesta al organismo provincial.
Por su parte, Juan Garrido, portavoz del grupo municipal de Equo explicó que este pacto persigue dos objetivos fundamentales en la defensa del agua como un derecho humano, por un lado la sostenibilidad del servicio con una gestión pública y por otro la transparencia, “sin que tengan cabida los intereses privados y la especulación con un servicio básico y necesario para los ciudadanos”.
Refugiados Sirios
Por unanimidad se aprobó la moción para sumar a Alcázar a las ciudades de acogida de los refugiados sirios. Para tal fin, se realizará un registro de viviendas vacías y se desarrollará un plan de acogida. También se pondrá en contacto a los refugiados con las organizaciones humanitarias que les están prestando ayuda y dando cobertura al asunto.
Unidad de España
La moción presentada por el PP sobre la unidad de España fue aprobada con el apoyo del PSOE que aportó sus contribuciones a la misma, indicando la “necesaria” revisión de la Constitución para adaptarla a los tiempos.
IU votó en contra, “porque se quiere aprobar algo que ya reconoce la norma fundamental del Estado”, expuso Antonio Jesús García; “otra cosa es que se hubiera traído a debate una discusión sobre el modelo de Estado, que no es el caso”. También señaló que la moción popular “viene de arriba” motivada por las recientes elecciones catalanas. Calificó de “surrealista” la moción por querer reconocer que “los españoles tenemos derecho a ser españoles”.
Por su parte, los concejales de Equo se abstuvieron en la votación, considerando igualmente que esta unidad “ya está debidamente recogida en la Constitución” y que un Estado de derecho “debe respetar, ante todo, la pluralidad” y expresando que “lo que urge es una necesidad de diálogo” y que en realidad “la unidad de España no está en cuestión”, opinó Elisa Díaz.






































































