La situación económica del Ayuntamiento, “que no se puede permitir pagar dos veces por el mismo servicio”, es el motivo por el que el Bufete Marín sigue trabajando para el Ayuntamiento, a pesar de haber sido contratado por la anterior corporación municipal, “por los ex-concejales Ángel Puente y Mariano Ormeño”, comentó Bremard, que se mostró dispuesta a asumir las responsabilidades políticas derivadas de este asunto.
El escrito presentado por el citado bufete “apoya” el punto de vista del anterior equipo de Gobierno de PP y CxA respecto al asunto de Aguas de Alcázar, concretamente en el procedimiento ordinario contencioso administrativo 312/2014, iniciado por la ex-concejala socialista Ana Belén Tejado contra el Pleno de adjudicación de la gestión de la empresa de Aguas a Aqualia. “Esto va en contra de las directrices del Gobierno actual, puesto que las conclusiones que contiene el escrito son diametralmente opuestas a nuestra posición”. Los abogados “justifican” la urgencia con que se realizó el citado Pleno y la “legalidad” del procedimiento.
“Han actuado en contra de las directrices del equipo de Gobierno, de una forma desleal, con falta de integridad y honradez, de una forma no diligente, ni veraz, faltando al código deontológico de la abogacía”, expresó Bremard que ya ha dado la orden de presentar otro escrito en el juzgado para que no se tenga en cuenta el ya citado a la hora de dictar sentencia, argumentando que estas conclusiones no son compartidas por el equipo de Gobierno.
Al parecer, según comentó la concejala de Servicios Jurídicos, “no es la primera vez” que algo así sucede con este bufete, por lo que se rescindirá el contrato con ellos y el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales reclamando daños y perjuicios.
Igualmente, Bremard ha puesto su acta de concejal a disposición de la alcaldesa, asumiendo la responsabilidad política como delegada del área.






































































