Cargando...El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Diputación de Toledo, Santiago García Aranda, aseguraba hoy que la anulación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2013 decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es una prueba más de la “nefasta y caprichosa política de personal que llevó a cabo el Partido Popular y Arturo García-Tizón al frente de la Institución provincial durante los últimos cuatro años”.
De esta forma valoraba el portavoz, al ser preguntado por los medios de comunicación antes de comenzar el Pleno Extraordinario de la Diputación provincial, la sentencia del TSJ que anula la RPT en relación a 17 puestos de trabajo que aprobó en solitario el Gobierno del PP y que el Grupo Socialista cuando estaba en la oposición recurrió ante los tribunales al considerar que la reclasificación de estas plazas de funcionarios tenía como objetivo subir el sueldo a unos cuantos trabajadores privilegiados.
Ahora, resaltaba García Aranda, el tribunal ha dado la razón al PSOE en su recurso y ha aclarado que “lo que se acabó perpetrando fue la reclasificación de unos puestos de trabajo con una especial consideración desde el punto de vista económico y de nivel a los que se incorporó con carácter de intocable una serie de retribuciones al reconvertir el complemento de productividad en complemento específico”.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial aseguró que “acatamos y ejecutaremos la sentencia que ratifica que se aprobó la RPT de manera ilegal y de modo caprichoso por García-Tizón y se propondrán al Pleno de la Corporación los acuerdos que, dentro de la legalidad, den cauce a los que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha establecido como ilegal”.
Resaltaba García Aranda que este sentencia “se une, además, a la larga sucesión de resoluciones judiciales contrarias a decisiones que adoptó el anterior equipo de Gobierno en los cuatro años que ha estado al frente de la Institución provincial a la que ha supuesto un grave perjuicio económico”.
Y es que, añadía, son más de tres millones de euros los que la Diputación de Toledo ha tenido que desembolsar en concepto de indemnizaciones y gastos jurídicos como consecuencia de los despidos de trabajadores que decretó el PP y García-Tizón y que los tribunales han declarado ilegales, declarándoles improcedentes o nulos.
