Los tres grupos del equipo de Gobierno consideran que la nueva Ley por la que se regirán a partir del 1 de enero de 2016 las Administraciones Locales, con su definitiva entrada en vigor, “atenta contra los ciudadanos y contra la capacidad de acción de los Ayuntamientos”, al quitar competencias en materias como los Servicios Sociales básicos o políticas de igualdad, empleo y sanidad. Por este motivo, piden el apoyo del PP para obtener su aprobación por unanimidad.
Redondo explicó que esta Ley “va a la yugular de los Ayuntamientos” y mide la actividad municipal “sólo en términos económicos, sin tener en cuenta a las personas, en especial aquellas más necesitadas de la ayuda de las Administraciones Locales”. Consideró que “no es el mejor momento” para la aplicación de esta Ley, debido a la “situación crítica” que viven muchas personas. En este sentido mencionó que uno de cada cinco españoles se encuentra en el umbral de la pobreza, que hay un 33% de niños y niñas, 2,8 millones, en riesgo de exclusión social y que menos de uno de cada dos desempleados tiene prestaciones. Igualmente señaló que la Ley de Racionalización “afecta especialmente al medio rural”.
“No es el momento, ni es la Ley que necesita el país. En momentos de crisis haya que potenciar los Servicios Sociales y actuar desde el ámbito local, porque es la primera puerta de entrada que tienen los ciudadanos a la Administración Pública”.
La moción pide que se mantenga la Ley de Bases del Régimen Local y que la nueva “se deje sobre la mesa”, con vistas a la entrada de un nuevo Gobierno nacional que “evalúe las competencias de los Ayuntamientos y elabore una Ley que tenga en cuenta también líneas de financiación autonómica y local”.





































































