Cargando...El concejal del Ciclo Hidráulico señaló que el contrato de prestaciones firmado con Aqualia, que engloba conceptos como el 8% de la recaudación anual por su saber hacer (cerca de 500.000 euros anuales), la gestión administrativa y las licencias informáticas (más de 170.000 euros) o el Centro de Atención al Cliente (40.000 euros al año), “es ruinoso para la ciudad de Alcázar”. Igualmente señaló que en el Consejo de Administración de Aguas de Alcázar, tanto la alcaldesa, como él mismo, votaron en contra de estos conceptos que ascienden a cerca de 700.000 euros “que se lleva Aqualia por no aportar nada, porque Aguas funcionaba y son ellos los que están aprendiendo”.
Por otra parte, también se ha hecho frente a los 2.194.000 euros correspondientes al préstamo de 6,5 millones de euros que Aqualia dio a la empresa Aguas de Alcázar, 1.932.680 euros de capital y 261.320 euros en concepto de intereses. Así como a los pagos de los consumos municipales, que antes no se hacían, que superan los 300.000 euros, otros gastos de averías sin cuantificar y 800.000 euros “que el Ayuntamiento deja de ingresar” en concepto de alcantarillado.
La suma de intereses, prestaciones, consumos municipales y otros conceptos, descontando el 5% de la facturación que percibe el Ayuntamiento (300.000 euros), asciende a casi dos millones de euros “que se han pagado a Aqualia. Motivo más que suficiente para justificar la remunicipalización del servicio”.
Con estas cifras sobre la mesa, Garrido pidió al ex-alcalde, Diego Ortega, que “explique a los ciudadanos” por qué se firmó el contrato de prestaciones, “cuando no era necesario hacerlo” y en qué beneficia a la localidad.
Remunicipalización
Por otra parte, Garrido reafirmó la “voluntad” del equipo de Gobierno por remunicipalizar el servicio de Aguas y explicó las acciones que han realizado con este fin y que trasladarán la próxima semana a la Mesa del Agua. Acciones como la última reunión con Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de aguas), en la que ya se han trazado las directrices a seguir para este proceso, pendientes de la resolución de las sentencias judiciales que favorezcan su inicio.
