No obstante, y pese que se aprobó la urgencia y las mociones, la alcaldesa aclaró que “no hay ninguna decisión tomada”, que la posibilidad que sea la Diputación de Ciudad Real la que se haga cargo de su gestión “está en estudio” y que las citadas mociones “carecen de argumento” puesto que el tema volverá a debate si se valora la firma de un convenio de colaboración con la administración provincial.
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, así como el portavoz de IU, Antonio Jesús García, mostraron su sorpresa ante las mociones de PP y Equo que consideraron “precipitadas” y “carentes de argumentos” puesto que no existe “ninguna decisión inminente” al respecto de la gestión del Servicio de Recaudación Ejecutiva y todo se basa en “comentarios”. Melchor aclaró que “no hay ni una sola propuesta de Alcaldía, ni una fecha límite para tomar una decisión; sólo se está estudiando esta posibilidad para incluirla en un Plan de Saneamiento Económico que aún no hemos presentado, que deberá aprobar el Ministerio y después el Pleno”.
IU dijo no haberse posicionado al respecto de este asunto “porque faltan datos” y por entender que, en su momento, de llegar a plantearse la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Diputación provincial, “tendrá que traerse a Pleno”.
La postura de Equo es la de mantener el servicio en manos municipales “porque todo lo que se pueda hacer desde el Ayuntamiento es mejor que no lo gestione ninguna otra Administración”. Su portavoz, Juan Garrido, recordó que cuando hace 20 años se decidió que la Diputación dejara de prestar este servicio y fuera el propio Consistorio el que se hiciera cargo, la situación económica del Ayuntamiento “también era complicada” y se pensó que, de este modo, “se obtendrían mayores ingresos”.
Por su parte, el PP, defendió que el PSOE “tiene una intención real de externalizar el servicio, como manifestó en Junta de Gobierno en noviembre de 2015, presentando un borrador del convenio y un posible calendario para llevarla a cabo”. Coincidieron con Equo en su análisis y propusieron, además del mantenimiento del servicio, la dotación de mayores recursos para “mejorar la efectividad en el cobro ejecutivo”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Redondo, después de señalar que se estaba “adelantando” el debate, remarcó que el motivo por el que se está estudiando esta posibilidad es “la ruina en la que el señor Ortega ha dejado el Ayuntamiento, porque en 2012 no hizo el Plan de Saneamiento Económico que le pidió el Ministerio de Hacienda, a pesar de la existencia de un ahorro neto negativo, de gastar como si no hubiera un mañana y de generar un déficit de 6,5 millones de euros”. Redondo apuntó que “habrá que valorar los pros y los contras de conveniar la gestión con la Diputación y los de reforzar el servicio, valorar y comparar los costes y los beneficios”. Propuso dejar el debate sobre la mesa y recopilar todos los informes técnicos preceptivos para poder tomar una decisión. También preguntó al portavoz popular “por qué no ha reforzó este servicio en sus cuatro años como alcalde”.
La alcaldesa insistió en que “no hay ninguna decisión tomada” y que no sólo se ha reunido con representantes de la Diputación, sino también con todos los sindicatos para explicarles que se está estudiando la posibilidad “como parte de la solución de los números rojos que tiene el Ayuntamiento”. También aseguró que “estamos abiertos a otras posibilidades y si nos sugieren un mejor modo de resolverlo no habría ningún problema en valorarlo”. Por último dio el dato que, en estos momentos, hay 37 millones de euros pendientes de cobro en ejecutiva desde 2009 y que, muchos de estos cobros pueden que hayan prescrito. Esta cantidad se ha generado porque, en los últimos años, “se ha duplicado” la falta de pago. Explicó también que si no se pone en marcha un Plan de Saneamiento “El Ayuntamiento podría quebrar en los próximos cinco meses”.
En cuanto al estudio que se está realizando para valorar si sería “más rentable” para las cuentas municipales que la recaudación ejecutiva estuviera en manos de la Diputación, Melchor explicó que se está promediando lo que se recauda en municipios similares a Alcázar, en cuanto a población, por el organismo provincial y lo que viene recaudando el Ayuntamiento con una gestión municipal. El resultado arroja un porcentaje del 15% más con la gestión provincial de lo que obtiene el Consistorio alcazareño, una media de 300.000 euros más al año.
Pese a estas explicaciones, tanto PP como Equo votaron a favor de mantener la gestión del servicio desde el propio Ayuntamiento, dejando aparte el debate económico.






































































