Cargando...A partir de ahora, a excepción de los asuntos locales, los tiempos de intervención de los Grupos municipales en los Plenos serán inferiores a 15 minutos; estipulándose un máximo de 10 minutos para asuntos supramunicipales y un máximo de 5 en aquellas mociones que vengan dictaminadas favorablemente de la Comisión Preparatoria y, por tanto, vayan a aprobarse por unanimidad.
La alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, explicó que la finalidad de esta reducción es acortar las sesiones y permitir al público asistente su intervención en el turno de preguntas.
Así comenzaron a aplicarlo en el Pleno del mes de marzo, agilizándose un debate en el que la mayor parte de los puntos contaron con la unanimidad de la corporación. Asuntos como la aprobación del Plan de Servicios Sociales, la moción institucional en contra del cierre de fronteras a los refugiados sirios, las bases de adjudicación de espacios en el Centro Joven La Covadonga, la solicitud a la Junta para la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de los ‘Moros y Cristianos’ o la presentación de la solicitud para que Alcázar sea declarada Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
Moción popular sobre Educación
La moción presentada por el PP relacionada con la defensa de la libertad de elección de centro educativo y apoyo a los centros concertados no prosperó, ya que no contó con el apoyo de los tres grupos del equipo de Gobierno. La moción fue presentada por la oposición contra el acuerdo del Gobierno regional (PSOE y Podemos) de congelar en los presupuestos educativos de 2016 la partida destinada a los colegios concertados y reducirla paulatinamente en los próximos años. El PP pedía instar a la Junta de Comunidades a “garantizar el derecho de las familias a la elección de centro”, considerando que la reducción paulatina de esta partida presupuestaria “afectará directamente” a la educación y a la libertad de enseñanza.
Fue una de las mociones más debatidas en el último Pleno, ya que el resto de los grupos municipales mostraron su desacuerdo. El PSOE recordó los recortes educativos que se han producido en la región en los últimos años, especialmente en las escuelas públicas, asegurando que la congelación de la partida para los centros concertados “no pone en riesgo ni la educación, ni la libertad de elección de las familias”. Recordaron también que la ayuda a los colegios concertados se inició en su tiempo ante la falta de suficientes centros públicos para atender la escolarización obligatoria, como una forma de garantizar las plazas escolares para todos los niños y niñas. Una situación que, hoy en día, ha cambiado. Equo e IU también estuvieron de acuerdo con la exposición del PSOE, argumentando que el PP “está defendiendo algo que en realidad no está en peligro” y que la defensa debe hacerse de los centros educativos públicos “que son los que han perdido recursos y personal en los últimos años”, como un modo de garantizar una Educación Pública Universal de calidad e integradora.
Defensa de las Diputaciones
La moción del PP encaminada a defender el mantenimiento de las Diputaciones provinciales fue aprobada con el apoyo del PSOE, la abstención de los tres concejales de Equo y el voto en contra de IU.
Los grupos de Equo e IU criticaron que el PP presentara esta moción tras el acuerdo nacional entre PSOE y Ciudadanos para la supresión de estos organismos, un asunto con el que no están de acuerdo todos los militantes socialistas que defienden, al igual que el PP, la labor de la Administración Provincial en el apoyo a los pequeños municipios, especialmente en el mundo rural, facilitándoles servicios y planes sociales.
El portavoz de IU, Antonio Jesús García, consideró que el modelo provincial “está obsoleto”, puesto que nació en el siglo XVIII y que el debate debería ser el planteamiento de un modelo alternativo a las diputaciones, basado en criterios comarcales y mancomunidades de municipios próximos, aunque no pertenezcan a la misma provincia. Equo se sumó a este análisis abogando también por un cambio de modelo y señalando los casos de corrupción endémicos en muchos organismos provinciales españoles.
Por parte del PSOE, Gonzalo Redondo, habló concretamente del funcionamiento de la Diputación de Ciudad Real, defendiendo la labor que desarrolla y su economía saneada.
Criterios solidarios y medioambientales para la contratación de servicios
También se aprobó una moción de IU para la aplicación de criterios solidarios y medioambientales en las contrataciones del Ayuntamiento, con la abstención de la oposición popular que consideró que ésta no venía apoyada por un informe técnico y que este tipo de cuestiones “no competen” a los Ayuntamientos, sino que deben basarse en una Ley nacional que hoy por hoy no existe, aunque sí recomendaciones por parte de la Unión Europea. Con la aprobación de esta moción se valorarán cuestiones como que la empresa a contratar dé trabajo a personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, que aplique criterios de género en la selección de su personal y tenga en cuenta la sostenibilidad y el medio ambiente; criterios que pueden aplicarse por encima de los económicos, como la adjudicación a la oferta más ventajosa.
