El 19 de noviembre de 2015 se llevó de urgencia a la Comisión de Hacienda el expediente de gastos contraídos (facturas y contratos menores) que no estaban respaldados por ninguna partida presupuestaria, con el fin de llevarlos a Pleno y resolverlos mediante el levantamiento de reparos de legalidad. Este primer expediente contemplaba todas las facturas generadas y sin pagar comprendidas entre el 13 de octubre de 2013 y el mes de noviembre de 2015. El montante ascendía a un total de 139.164,70 euros.
Cinco días después de la celebración de la comisión, el 24 de noviembre de 2015, se presentó el expediente en Pleno, en la parte de control, para que se tomara la decisión de levantar o no la cantidad adeudada mediante reparos de legalidad, un procedimiento muy habitual en las entidades locales. El resultado fue que, unánimemente, todos los grupos de la corporación municipal se abstuvieron, con lo que la situación se quedó sin resolver y no se pudo dar curso al pago a proveedores. Así, Secretaría e Intervención Municipal instó al actual equipo de Gobierno a tomar una decisión para solventar la excepcionalidad de esta circunstancia.
La decisión del actual equipo de Gobierno fue levantar las facturas y contratos menores generados en los primeros meses de su mandato, 23 facturas de las 80 presentadas que ascendían a una cantidad de 40.618,09 euros. Quedaron pendientes de pago 57 facturas –contraídas por el anterior equipo de Gobierno- por un importe total de 98.546,61 euros que son las que se dejaron sobre la mesa en la última sesión Plenaria, correspondiente a octubre de 2016.
Así, la abstención de todos los grupos en el Pleno de Noviembre de 2015 originó el retraso en el pago a proveedores y la intención de iniciar un expediente de revisión de oficio por parte del actual Gobierno Municipal. “Si el PP, que fue quien contrajo gastos sin respaldo presupuestario, no votó a favor de levantarlos mediante reparos de legalidad, eludiendo su responsabilidad, ahora queremos saber quién son los responsables y por qué se comprometieron esos gastos”, explica la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor que destaca que de los casi 100.000 euros de comprometidos por el anterior equipo de Gobierno, más del 70% (21 facturas que suman 70.873 euros) corresponden a gastos publicitarios, algunos de ellos “muy elevados” alcanzando la cantidad de 21.000 y 24.000 euros. Otra parte importante de estas facturas y gastos menores corresponden a servicios externos de consultoría.
Igualmente, la primera edil explica que los gastos sin respaldo presupuestario contraídos por el actual equipo de Gobierno en los primeros meses de su mandato –a los que ya se ha dado curso- se relacionan con el pago de limpieza viaria, gastos en maquinaria y material para el arreglo del entorno del Pabellón Vicente Paniagua, repuestos o suministros, así como costas judiciales derivadas de sentencias desfavorables al Consistorio que constituyen las facturas con los importes más elevados (12.000 euros una de ellas).
Ante las declaraciones realizadas por el portavoz del PP, Diego Ortega, asegurando que si se demostraba su abstención a este respecto cursará su dimisión; la alcaldesa cree que “ha habido otras circunstancia que la hubieran justificado cuando era alcalde, como la venta de Aguas o la pérdida de la Enológica, entre otras. Este asunto, al fin y al cabo, es una perogrullada, no sé si el portavoz popular lo que quiere es dimitir, porque el reto que plantea es fácilmente demostrable”.



































































