Cargando...Para Ortega, “quien echó a José Fernando Sánchez Bódalo de la vida política no fue el Partido Popular, fueron los vecinos de Alcázar de San Juan quienes decidieron que no debía seguir siendo alcalde y que en 2011 la ciudad necesitaba un cambio”.
Respecto a las acusaciones formuladas por Bódalo en las que manifestó que la querella se realizó “como búsqueda de una coartada para vender Aguas de Alcázar”, el presidente local del PP de Alcázar ha justificado el cambio de modelo de la empresa a una gestión mixta “debido a la deuda existente, al estado de quiebra en el que se encontraba” como consecuencia de “una gestión ruinosa, bajo criterio de informes técnicos y auditorías externas”.
En cuanto a la deuda existente de la empresa, Ortega ha subrayado que el propio Bódalo “reconoció en una declaración en sede judicial la situación de quiebra técnica en la que se encontraba” previendo además, en su opinión, “la venta del 100% de las acciones de Aguas de Alcázar”.
Según su comparecencia, la querella fue interpuesta por una “presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos de Aguas una vez conocidos los informes periciales del expediente” por lo que el portavoz ha manifestado “la obligación del PP para poner esas actuaciones en conocimiento de la Justicia al poder ser constitutivas de delito con el fin de no ser cómplices de ello”.
Ortega ha insistido en que la querella “no fue interpuesta contra técnicos municipales sino contra los responsables políticos que son los encargados de ordenar las acciones que deben realizar” por lo que “si posteriormente fueron investigados fue por orden del juez” ya que para el portavoz, los técnicos no tienen responsabilidad en la toma de decisiones y son “víctimas de las decisiones políticas de los dirigentes socialistas en la gestión de Aguas de Alcázar”.
Ortega se ha mostrado contundente en sus declaraciones añadiendo la proposición de un “trato” con Rosa Melchor por el que ha solicitado la dimisión de la alcaldesa “como consecuencia del archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que interpuso el Ayuntamiento” contra el propio portavoz, de ser así, “yo dimito inmediatamente por el archivo de la querella contra Sánchez Bódalo que ahora se ha archivado”, ha manifestado.
Haciendo referencia a las declaraciones vertidas por Bódalo y la ex concejal, Ana Belén Tejado, sobre el “enturbiamiento del buen nombre y la excelente gestión” realizada según su opinión en la rueda de prensa que ofrecieron el pasado lunes, Eduardo García Villajos, viceportavoz Grupo Municipal Popular, ha indicado que “el PP nada ha tenido que ver con esto” ya que por pasadas actuaciones del ex alcalde, como su participación en la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), este “buen nombre ya estaba empañado”.
Según García Villajos, durante la ocupación del cargo por parte de Bódalo, fue director de una agencia de viajes y presidente del Comité de Inversiones. Sobre el primer cargo ha puntualizado que según noticias publicadas en 2011 en el diario El Mundo ya se había advertido que “había elevado gastos y diversos caprichos entre los consejeros de CCM en viajes y cruceros” mientras “los clientes ya estaban sufriendo los primeros coletazos de la crisis”. Basándose en esta información publicada, el viceportavoz ha recordado que “Bódalo y los consejeros se gastaron 21.000 euros en viajes y cruceros”.
En cuanto al cargo en el Comité de Inversiones, ha manifestado que Bódalo fue “sancionado con 47.000 euros” desglosadas en dos multas, la primera por valor de 35.000 euros por “actuaciones que pusieron en peligro la solvencia de la entidad”, y otra de 12.000 euros por “situar a la entidad por debajo del 80% de los recursos propios”, como así ha indicado que se encuentra publicado en el BOE de 13 de agosto de 2015.
Además, ha señalado que el ex alcalde ya fue “sancionado por la Audiencia Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo por esta sanción al ponerse en evidencia que Bódalo participó en la quiebra del aeropuerto de Ciudad Real tras una ampliación de participación de CCM que pasó del 25 al 31% sin que existiera ningún informe de viabilidad por ese Comité de Inversiones del que él era presidente”.
“En cuanto a la excelente gestión de la que habla, se puso en duda por dos informes de peritos judiciales independientes sobre las actuaciones que se hicieron en Aguas de Alcázar”, ha apuntado García Villajos, destacando igualmente la existencia de un informe elaborado por el letrado mayor del Consejo de Estado que “reconoce esa mala gestión ya que desde 1999 las obras municipales como el adecentamiento de las calles, ya no se hacían por medio del Ayuntamiento”, sino que “se encomendaba a Aguas de Alcázar que bajo sus propios criterios, las adjudicaban a su antojo”.
Esto supuso, según el viceportavoz, la externalización de las obras que se realizaban “obviando las Mesas de Contratación a las que los empresarios concurrían de forma objetiva, libre y competitiva”, culpando de estos cargos a Sánchez Bódalo, Ana Belén Tejado y Benito Montiel como gerentes de Aguas de Alcázar durante esos años.
Asimismo ha recordado que la proposición de privatización de la empresa la realizó el propio Bódalo en el año 2000.
En cuanto a Tejado, ha puntualizado que “nos llama la atención que se quiera pedir el buen nombre de Ana Belén Tejado” ya que según ha declarado, en 2014 se dio a conocer que “había conectado el agua de una de sus propiedades a la tubería general de la comunidad de propietarios”, hecho que fue “reconocido por ella misma en redes sociales”.
