Cargando...Se trata de una propuesta de Alcaldía con el que se pretende continuar luchando por conseguir la remunicipalización de Aguas de Alcázar, después de que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha haya dictaminado en contra de las pretensiones del Ayuntamiento que solicitaba la nulidad de la mencionada sesión plenaria de julio de 2014, y que el mencionado órgano judicial ha considerado que el contrato firmado con Aqualia para la gestión mixta del servicio, se atiene a la legalidad.
Por este motivo, el pleno ha aprobado por mayoría, con los votos en contra del Partido Popular, iniciar un procedimiento contencioso-administrativo con el que se pretende demostrar la «lesividad» que ese acuerdo de 2014 supuso para los intereses de Alcázar de San Juan, en base a un reglamento municipal del año 2013 en el que se afirma que la gestión del servicio de abastecimiento de agua debe ser pública.
DEBATE POLÍTICO
La postura de Izquierda Unida respecto a la remunicipalización ha sido explicada por su portavoz, Maribel Ramos, quien ha indicado que el agua «no es una mercancía. Impulsamos la gestión pública y directa del abastecimiento y el saneamiento, y apoyamos cualquier lucha contra la privatización de este servicio».
El portavoz de Equo, Juan Garrido ha reconocido que el dictamen del Consejo Consultivo «nos vuelve a decir que el contrato con Aqualia está atado y bien atado» y que «la maniobra de privatización de Aguas de Alcázar se hizo sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía» y ha añadido que “si hubiera habido sentido común no se hubiese malvendido Aguas de Alcázar, porque ¿es de sentido común estar en el gobierno durante cuatro años y vender un servicio público por veinticinco?».
El portavoz del PP, Diego Ortega ha instado a la alcaldesa a pedir la revisión de oficio de otros servicios que se prestan a través de empresas privadas como el estacionamiento regulado o la limpieza viaria, entre otros. Ha acusado a la alcaldesa de «volver a fracasar» y ha asegurado que el Consultivo ha confirmado que «se han dado de bruces contra la legalidad», además de «contra el sentido común y contra la realidad de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular. Han sido ya varias veces en las que los tribunales y la justicia se han manifestado a favor del procedimiento llevado a cabo en este proceso”, ha afirmado Ortega.
Por su parte, el concejal popular, Eduardo García-Villajos ha argumentado que comienza un nuevo procedimiento administrativo que lleva “a un viaje a ningún sitio. Hoy este de lesividad no sabemos si para callar conciencias o para callar bocas, ¿cuánto dinero va a costar este nuevo expediente de lesividad? Es la primera vez que algo que no ha servido para nada cueste dinero para no llegar a ningún sitio”.
La concejala socialista, Amparo Bremard se ha subrayado que “quien regaló Aguas de Alcázar no hemos sido nosotros». Ha recordado que «la empresa era rentable» y señalando al PP ha dicho que «solamente ustedes con su voto la pusieron en causa de quiebra para venderla, para coger dinero y sanear las arcas del Ayuntamiento por su nefasta gestión al frente de éste”.
Bremard ha reconocido que el Ayuntamiento «no podría tomar otra decisión que acatar el dictamen del Consejo Consultivo, pero desde luego no lo compartimos, por eso fuimos a la revisión oficio”.
Respondiendo a Ortega, ha dicho que “yo trataría de medir un poco más las palabras porque el proceso al que usted se refería no es firme. Incluso hasta en las alegaciones que hacen ustedes al dictamen también pasan por alto que esa resolución estaba en apelación”.
También ha indicado que «quien vulneró los derechos fundamentales de Rosa Melchor como concejal de la oposición entonces, fue Diego Ortega» y ha añadido que «nosotros procuramos hacer las cosas en cuanto a la legalidad, no como hacían ustedes saltándose a la torera plazos de convocatorias”.
