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Campo de Criptana

Los afectados por la hipoteca reclaman no tener que ir a Ciudad Real para resolver procedimientos de cláusulas suelo

Pilar Atienza

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Se trata de una medida contra la decisión de agrupar todos los casos de cláusulas suelo en el Juzgado número 4 de Ciudad Real, “nefasta” como han definido para los intereses de los afectados y para el trabajo de abogados y jueces, además de “redundante en el beneficio de los bancos, que podrán eludir buena parte de sus responsabilidades”.

La concentración ante la sede judicial alcazareña se ha completado con música y la suelta de decenas de globos verdes. En líneas generales, desde las plataformas han denunciado que “no se lleven todos los juicios de cláusulas abusivas, principalmente las suelo a la capital de la provincia, retrasando los procedimientos y desanimando a los afectados y perjudicando a los que deben defenderlos”, han dicho.

Han pedido que se modifique la ley hipotecaria con la que se están creando contratos “plagados de cláusulas abusivas” que, según ellos, el gobierno sacó en enero el Real Decreto Ley, el “decreto de la vergüenza”, tal y como han calificado. “Si bien es cierto que es una solución, también es verdad que se ha realizado para demorar el pago por parte de los bancos a los afectados”, han querido recalcar.

En Castilla-La Mancha un juzgado se encarga de las cláusulas suelo en cada provincia, pero contando que desde el 1 de junio que salió en vigor, al 31 de julio han ingresado 400 demandas los afectados. “Eso va a ser un embotellamiento de casos muy grande. Por eso estamos aquí las plataformas de Tomelloso y Campo de Criptana, para reclamar el derecho a recibir justicia en el juzgado más próximo a nuestro domicilio y no tener que desplazarnos en nuestro caso al juzgado número 4 de Ciudad Real”, han solicitado públicamente.

Han reconocido que se trata de una ventaja poder contar con un cuerpo de jueces especializados en cláusulas suelo, pero ofrece, a su juicio, varios inconvenientes que no se han tenido en cuenta. “Uno de ellos es el atasco que se va a producir a la hora de resolver casos y devolver el dinero. El segundo es contra idas y venidas: el coste y riesgo que ello conlleva y que puede acabar por desanimar a mucha gente a pedir su dinero”, han explicado.

Por último, han recordado “el colectivo del que dependemos y con el que pretendemos colaborar, que son los abogados, que tendrán que hacer más kilómetros suponiendo un coste y un riesgo superior para ellos sabiendo que van a cobrar la misma cuantía por defender el caso”. Exigieron, finalmente, una “justicia accesible para todos con o sin dinero”.

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