Cargando...El colectivo de la abogacía exige reformas de los servicios en el Turno de Oficio
El día 12 de julio está dedicado a reivindicar el derecho a la asistencia jurídica gratuita y al beneficio de acceso al turno de oficio, y en esta ocasión, varios representantes del Colegio de Abogados de Ciudad Real en el partido judicial de Alcázar de San Juan han reivindicado su compromiso y han exigido las reformas necesarias del colectivo, ya que la Asistencia Jurídica Gratuita constituye la principal garantía para universalizar la tutela judicial efectiva, porque es el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos de las personas con recursos económicos limitados.
Es un servicio público prestado por más de 46.000 abogados y abogadas que facilitan y mejoran el acceso al derecho a la potestad jurisdiccional que todos los ciudadanos tienen derecho.
Este año, las reivindicaciones están centradas en la urgente reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la Abogacía a través del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita para adecuarlos a la situación actual y mejorar su eficiencia. Se reclaman la actualización de los criterios para el acceso de los ciudadanos a los servicios, así como la elevación del salario mínimo interprofesional, sin modificar los parámetros establecidos en la Ley 1/1996, que ha limitado el acceso a la Justicia Gratuita a muchas familias.
La Abogacía reitera su dedicación en la formación permanente de sus profesionales, así como en la extensión de los instrumentos tecnológicos en la tramitación de los asuntos.
Igualmente mantienen un firme compromiso en las medidas de igualdad de género, así como en las exigencias que se imponen en los servicios de asesoramiento a inmigrantes, personas desplazadas y a la población privada de libertad.
Por último, hacen un llamamiento público a los responsables políticos y a las Administraciones públicas para que sean receptivas a las demandas en defensa de la Justicia Gratuita y del acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos porque “nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo”, han concluido.
