Cargando...Agentes de Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inician una investigación a principios del mes de agosto de 2011, al detectarse un aumento importante de solicitudes de tarjetas comunitarias en la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno en Ciudad Real, por inscripción como pareja civil en el Registro Público de Uniones Civiles de Hecho del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y de otros municipios de esta provincia.
Los investigadores averiguaron que las mujeres habían accedido a prestar sus datos como supuesta pareja de hecho de un hombre o mujer extranjera a cambio de una remuneración económica, no superando ésta en ningún caso los 1.000 euros, mientras que el miembro de la organización que ejercía de intermediario obtenía una suma que llegaba a alcanzar los 5.000 o 6.000 euros.
El “Modus Operandi”
La forma en la que se llevaban a cabo los hechos comenzaba cuando los ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, junto con sus presuntas parejas de nacionalidad española o comunitaria, contactaban con inquilinos de viviendas de municipios de la provincia de Ciudad Real y de Toledo que, a cambio de dinero, les empadronaban en sus domicilios sin llegar a residir realmente en los mismos, con la finalidad de obtener un certificado de empadronamiento para solicitar, posteriormente, la inscripción en el registro de parejas de hecho del respectivo Ayuntamiento.
La mayoría de las personas extranjeras inscritas como parejas de hecho eran personas no residentes habitualmente en los municipios dónde se registraban, sin ningún vínculo familiar o laboral con dichas localidades. .
Una vez conseguido este registro como pareja de hecho se presentaban ante la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno para tramitar la solicitud de Familiar Residente Comunitario.
Los integrantes optaron por esta modalidad para obtener la residencia en lugar del matrimonio, ya que los trámites eran mucho menos complicados, sobre todo en algunos de los ayuntamientos de la provincia.
La totalidad de las personas que se inscribían como parejas de hecho con ciudadanas comunitarias eran extranjeros en situación ilegal, y la mayoría con expedientes de expulsión resueltos y pendientes de ejecutar, además, los domicilios donde se suponía vivían no existían o los contratos de alquiler eran falsos en todo su contenido.
El objetivo final de estas personas era:
El objetivo de las parejas de hecho de “conveniencia” o “complacencia” entre ciudadanos/as de la Unión y extracomunitarios/as es obtener de forma inmediata determinados derechos en materia socio-laboral y extranjería, como así establece el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tales como:
1º.- Derecho de residencia y circulación. Entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español.
2º.- Obtener una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea con una validez de cinco años.
3º.- Conseguir la reagrupación de sus familiares, nacionales de terceros Estados.
4º.- Derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles.
5º.- Gozar de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
RESULTADOS
La investigación desarrollada ha conseguido que varios de los municipios de Ciudad Real hayan modificado su normativa del Padrón Municipal y del Registro de Uniones Civiles, para un mayor control de estas parejas y en evitación de las conductas delictivas y los fraudes de ley en que estaban incurriendo.
Los Ayuntamientos de los municipios donde se han producido estos hechos han anulado, hasta el momento, 109 de estas uniones, en tanto que de las 325 tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, solicitadas en base a las mismas, han sido revocadas 90 y se ha solicitado la extinción de otras 169. Por la Brigada Provincial de Extranjería se han incoado 10 expedientes administrativos a ciudadanos comunitarios, por infracción de la Ley de Extranjería.
