Cargando...El presidente del Partido Popular de Alcázar de San Juan, José Antonio Navarro, ha comparecido en rueda de prensa, para alertar a la ciudadanía sobre el incremento que supone para sus bolsillos la aplicación de la nueva tasa de basura y del canon del agua, con una subida media del 30% y del 40%, respectivamente, en los recibos. Dos medidas, “aprobadas sin diálogo y sin sensibilidad”, que ha calificado de “injustas, antisociales y profundamente recaudatorias”.
Tasa de Basura
El dirigente popular ha explicado que la nueva tasa de basura “no es una decisión municipal”, sino consecuencia de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados por una economía circular, impulsada por el Gobierno central y respaldada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Según Navarro, la ley obliga a los ayuntamientos a repercutir todos los costes del servicio, recogida, transporte, tratamiento e impuesto de vertedero, a los vecinos, lo que provocará un aumento considerable en la factura doméstica.
“El Gobierno de Sánchez traslada la carga tributaria al ciudadano mientras la Junta recauda millones por el impuesto de vertedero sin invertir en reciclaje ni mejora de la gestión de residuos”, denunció Navarro, quien también subrayó que “Europa no obliga a crear nuevas tasas”, sino a cumplir objetivos de reducción y reciclaje mediante inversión e incentivos.
Por ello, el PP propone una reforma de la ley estatal que permita a los municipios mantener su autonomía fiscal, aplicar sistemas flexibles de financiación y establecer bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas y autónomos con bajos ingresos.
Canon del Agua
En cuanto al canon del agua, “una medida injusta, improvisada y nada ecológica”, Navarro ha asegurado que es una medida que “no incentiva el ahorro y penaliza a quien menos consume”. En esta línea, ha lamentado que los 919 ayuntamientos de Castilla-La Mancha deban pagar por el agua utilizada, por las fugas en sus redes y por los impagos de bajo importe. Un sobrecoste que, según ha denunciado, afecta principalmente a las empresas y cooperativas, “pudiendo alcanzar más de 5.500 euros anuales en la parte fija para las industrias con mayores consumos”.
Ante esta situación, Navarro, en la línea del Partido Popular, ha pedido la paralización inmediata del canon del agua y una moratoria de cinco años para que los ayuntamientos no tengan que abonar el canon por las fugas en sus redes. Además, propone la creación de un fondo regional para la renovación de infraestructuras hidráulicas, gestionado con criterios técnicos y no políticos, que permita mejorar la eficiencia de los sistemas municipales.
