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Cargando...El Juzgado de Instrucción de Madrid ha retomado la investigación del caso de Ana Belén Pintado, una de las víctimas del conocido fenómeno de los “bebés robados”, con nuevas declaraciones clave realizadas este jueves, 11 de diciembre. La causa, abierta tras una querella presentada en diciembre de 2022, investiga presuntos delitos de detención ilegal, sustracción forzosa, alteración de la paternidad y falsedad documental en un contexto de crímenes contra la humanidad.
En esta sesión han declarado la madre biológica, Pilar Villora, una administrativa y dos matronas —una de ellas en calidad de investigada— relacionadas con la Maternidad del Hospital Universitario Santa Cristina. Amnistía Internacional ha valorado “positivamente” el avance judicial, aunque lamenta la ausencia de la Fiscalía.
“Me dijeron que había fallecido”
A la salida de los juzgados, Pilar Villora ha recordado el episodio vivido en 1973: “Se la llevaron a lavar y cuando volvieron dijeron que había fallecido. Yo la reclamaba y no me la traían”. Añadió que el daño sufrido “no se va a reparar” y que nadie podrá quitárselo.
Ana Belén Pintado, querellante en el caso, subrayó la relevancia de que la Justicia escuche a víctimas de violaciones graves de derechos humanos: “Estamos en nuestro derecho de saber. Estos casos no se pueden archivar”.
La abogada de la familia, Itziar Bilbatua, lamentó que los interrogatorios fueran restringidos a hechos concretos, sin poder profundizar en la consideración del caso como desaparición forzada: “Hechos similares se producían de forma sistemática en la maternidad”, señaló. También recordó que aún hay diligencias admitidas que no han sido practicadas.
Un caso marcado por una cadena de irregularidades
Pilar Villora dio a luz el 10 de julio de 1973 en la clínica Santa Cristina, donde afirma que perdió el conocimiento tras recibir una máscara en el rostro. Horas después, le comunicaron que su hija había muerto y le instaron a abandonar el hospital sin poder verla.
Décadas más tarde, tras la muerte de sus padres adoptivos, Ana Belén solicitó su certificado de nacimiento y descubrió que era adoptada. Documentos posteriores revelaron contradicciones: doble aparición de los mismos datos de parto asociados tanto a su madre biológica como a su madre adoptiva, la actuación del médico denunciado, el Dr. Castillo, y una comunicación al Registro Civil que la identificaba como hija de “madre desconocida”.
Gracias a la presión mediática y a la intervención de una abogada, Ana Belén consiguió localizar a Pilar. Una prueba de ADN arrojó un 99,99 % de compatibilidad, confirmando el vínculo materno-filial.
Amnistía Internacional reclama aprobar la Ley de “bebés robados”
La organización recuerda que miles de niñas y niños podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y sustitución de identidad desde la posguerra hasta los años noventa. En 2021 ya documentó vulneraciones del derecho a la identidad y de la vida familiar en su informe Tiempo de verdad y de justicia.
Amnistía insiste en que la futura Ley sobre bebés robados, cuya tramitación sigue pendiente desde 2018, es esencial para garantizar verdad, justicia y reparación. Naciones Unidas instó a España en noviembre a acelerar su aprobación.
Un compromiso institucional
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en 2021 una declaración institucional para impulsar la tramitación de la ley en el Congreso. La iniciativa fue promovida por movimientos de víctimas junto a Amnistía Internacional y la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAqua).
