Verdes Equo – Izquierda Unida reclaman a la alcaldesa de Alcázar, como concejala de Hacienda, la elaboración del Padrón de inmuebles residenciales desocupados permanentemente, que permita la aplicación a los mismos del recargo previsto en la ordenanza fiscal del IBI con el objetivo de incrementar la oferta en el mercado de alquiler y venta de viviendas.
El pasado 5 de abril de 2025, miles de personas se manifestaron por las calles de cuarenta y dos ciudades de España para exigir una solución a la emergencia residencial que acorrala a decenas de miles de familias. Bajo el lema “acabemos con el negocio de la vivienda”, los sindicatos de inquilinas convocaron protestas con demandas claras: una bajada inmediata de los alquileres del 50%, recuperar los contratos indefinidos “para desarrollar proyectos de vida” que no se corten cada cinco o siete años, recuperar las casas vacías, turísticas o con arrendamientos de temporada, la prohibición de la compra especulativa de vivienda y la desarticulación de grupos de desokupación.
El malestar social debido a la falta de alquileres asequibles, que atraviesa generaciones y familias enteras, se ha vuelto a notar en dichas protestas, en las que los manifestantes exigían a las distintas administraciones públicas medidas concretas que les permitan acceder a una vivienda digna, en tanto que derecho constitucional.
La inacción de los distintos gobiernos (estatal, autonómicos y municipales) en esta materia es evidente y preocupante. Sin embargo, la vivienda es el tema que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Y no sólo afecta a las grandes ciudades, en localidades como Alcázar el problema de acceso a la vivienda en régimen de alquiler es cada día mayor, como lo acredita el hecho de que en nuestro pueblo ya se están pidiendo rentas de 600 o 700 euros por un piso, lo que, en la mayoría de los casos, supone que muchas personas trabajadoras deben emplear el 50% de su salario en el alquiler de su vivienda.
En los últimos meses se ha producido un incremento exponencial de empadronamientos en la ciudad y muchas de estas familias tienen dificultades para encontrar vivienda. Desde las inmobiliarias de Alcázar nos informan de que muchas familias están radicándose en los municipios cercanos, como Herencia y Campo de Criptana, ya que la vivienda es mucho más asequible que en nuestra localidad, donde escasea la oferta.
La alcaldesa y concejala de hacienda de Alcázar viene manifestando que está preocupada por el incremento del precio de los alquileres en nuestra localidad, pero no propone ninguna medida concreta que solucione el problema. Es cierto que los ayuntamientos disponen de pocas herramientas para intervenir en el mercado del alquiler, pero, también es verdad, que no utilizan aquellas que sí tienen a su alcance.
Un ejemplo claro de ello es el Ayuntamiento de Alcázar, que incumple la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que en su artículo 10 establece un recargo de la cuota líquida del impuesto a los inmuebles desocupados con carácter permanente de un 50% (inmuebles dos años desocupados), que puede incrementarse en un 100% (inmuebles más de tres años desocupados) o en 50 puntos porcentuales adicionales en los casos de titulares de dos o más inmuebles de uso residencial desocupados en nuestra localidad.
Tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial.
La citada ordenanza fiscal dispone que, durante el primer trimestre del año, por la Inspección tributaria se confeccionará el Padrón de inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, utilizando como indicios de desocupación la no existencia de ninguna persona inscrita en el Padrón municipal de habitantes en el inmueble y el consumo de agua en el mismo, considerándose desocupados aquellos inmuebles en los que el consumo trimestral sea inferior a 3 metros cúbicos. En el caso de viviendas en bloque que no cuenten con contador individual de agua, se utilizará como indicio de desocupación, además de la falta de inscripción padronal, la inexistencia de consumo de energía eléctrica.
Pues bien, el ayuntamiento de Alcázar no ha elaborado el Padrón de viviendas residenciales desocupadas permanentemente dentro del primer trimestre de estos últimos años, tal y como establece el procedimiento del artículo 10 de la Ordenanza Fiscal del IBI, lo que, a su vez, ha impedido la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles en los últimos ejercicios fiscales, recargo que fue introducido a partir del año 2018 mediante distintas modificaciones del artículo 74.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la última por la Disposición Final Tercera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, “con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad” (exposición de motivos de la citada ley de vivienda). Es decir, el recargo del IBI por vivienda vacía no tiene finalidad recaudatoria, sino que pretende ampliar la oferta en el mercado, de modo que disminuyan los precios de venta y/o alquiler de inmuebles residenciales.
En consecuencia, Verdes Equo – Izquierda Unida reclaman a la alcaldesa de Alcázar que inicie cuanto antes la elaboración del Padrón de viviendas residenciales desocupadas permanentemente, de modo que esté finalizado en el primer trimestre del año 2026 y permita aplicar en ese ejercicio el recargo del IBI a aquellas viviendas vacías que cumplan los requisitos de la ordenanza fiscal.