Nos vemos, de la noche a la mañana, bañados en carteles y pancartas que nos dicen que ‘’EL AGUA NO SE VENDE”, que enuncian que ‘’EL AGUA ES PATRIMONIO DE TODOS”, Plataformas para recoger firmas y, mientras, la falta de información nos ahoga vilmente haciéndonos pensar que una catástrofe se avecina, cuando en realidad no es así.
Comenzaremos aludiendo la Legislación Mercantil española, en la cual aparece que cuando una empresa de titularidad pública (en este caso Aguas de Alcázar) ostenta una deuda superior a su presupuesto anual, tiene que proceder a su disolución. Tomando esto como base, observamos ahora que la deuda contraída por la ya citada empresa durante la etapa de gobierno socialista asciende a los 8 millones de euros, superando de este modo el presupuesto anual de la misma, cifrado en 6 millones.
Ante este evidente problema, las dos soluciones halladas eran la disolución y cierre de la empresa, con el consiguiente despido de los trabajadores, la privatización total, o su externalización, garantizando de este último modo la viabilidad de la misma.
La externalización de Aguas de Alcázar no entraña ningún despido. Su gestión exclusivamente pasará a ser indirecta mediante un modelo mixto participado por el Ayuntamiento y una empresa.
La sociedad mixta que se hará cargo de la empresa Aguas de Alcázar será similar a Emaser, la empresa de aguas de la Diputación de Ciudad Real de la que son responsables la empresa privada Aqualia, que participa en un 51%, y la propia institución provincial cuya participación es del 49%, los mismos porcentajes con los que contará la empresa local al llevarse a cabo este tipo de gestión. Recordemos que la Diputación de Ciudad Real está presidida por Nemesio de Lara y con el señor José Fernando Sánchez Bódalo, cabeza visible del Partido Socialista en nuestra localidad, como vicepresidente de la misma. Es tal la desfachatez de Sánchez Bódalo, que ahora a nivel local se posiciona en contra del mismo modelo de gestión que posee la empresa mixta de aguas de la Diputación que él vicepreside.
Pero no queda ahí, puesto que la anterior gestión de la empresa pública “Aguas de Alcázar” durante el gobierno socialista en la localidad está en los tribunales. El presidente del Consejo de administración de la empresa municipal Aguas de Alcázar durante esa etapa, José Fernando Sánchez Bódalo; el ex vicepresidente de ese Consejo, Benito Montiel y el aparejador de Aguas, han sido imputados por el Juzgado, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y administración desleal y fraudulenta de la sociedad de Aguas de Alcázar. Por lo que el Partido Socialista no es quién para defender un “agua pública” cuando su gestión ha sido nefasta dejándonos al borde de perder nuestro agua, el agua de todos.
En vez de asumir el pago de esa escandalosa deuda de 8 millones de la que inicialmente hablábamos, lo que se hará será seguir invirtiendo en el crecimiento de nuestra localidad mediante la creación de empleo, la ayuda a emprendedores y empresarios, se procederá al arreglo de diversas calles y se crearán nuevos y llamativos proyectos.
Atendiendo al precio del agua, éste no se verá modificado a causa de esta medida, como algunos grupos socialistas apuntan. Éste está sujeto a las subidas y bajadas del IPC por ley.
Detrás de esas oscuras nubes mediáticas que nos impiden conocer la verdad, esperamos se empiece a mostrar el sol de la veracidad, ya que todos tenemos derecho a ella.
‘’El agua no se vende’’, dicen algunos, “y la verdad tampoco”, decimos nosotros.