Cargando...Desde que María Dolores Cospedal ocupa la presidencia de la Junta, y Marcial Marín ostenta el cargo de Consejero de Educación, aquellos jóvenes que han decido completar su formación con la experiencia de realizar parte de su titulación fuera de España no han contado para ello con el apoyo que otros estudiantes sí reciben desde sus comunidades autónomas.
No obstante, aquellos que siguen cursando estudios en la UCLM no reciben un trato mejor. A su salida de la presidencia de la Junta, José María Barreda dejó una deuda de 84 millones de euros (5 correspondientes a 2009 y 79 a 2010), siendo la asignación presupuestada de 196’5 millones de euros. En 2013, María Dolores Cospedal se comprometió con el rector de la UCLM a pagar 112 millones de euros, a pesar de que los gastos de esta institución ascienden a los 126 millones. El dinero presupuestado finalmente ha sido de 103 millones de euros. Entre ambos momentos, la única institución educativa universitaria de Castilla-La Mancha ha visto como su financiación efectiva se reduce a prácticamente la mitad, lo que supone un impedimento de primer orden para llevar a cabo su función de motor de la sociedad castellano manchega y garantía del futuro de sus estudiantes. No sólo es la educación universitaria la que se ha resentido, sino los proyectos de investigación que se han visto paralizados, con el consiguiente perjuicio económico.
Estas medidas del Gobierno regional demuestran la falta de interés en proporcionar a los estudiantes universitarios los medios mínimos en los que basar su formación académica, profesional y cívica, comprometiendo así el futuro de nuestra región. A nivel nacional, UPyD ha presentado una proposición no de ley para crear un fondo común autonómico que garantice la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes con independencia de su comunidad autónoma de residencia. Desde UPyD consideramos que hay que reducir el gasto superfluo de todas las administraciones (supresión de las diputaciones, fusión de pequeños ayuntamientos, eliminación de empresas y fundaciones públicas innecesarias, racionalización del estado autonómico, persecución del fraude fiscal…) para poder destinar el dinero necesario a mantener el estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales.
