Se me dirá que tiene que ser siempre así, y así debe ser siempre, pero ahora y más que nunca antes se ha convertido en una exigencia imperiosa. Necesitamos lo contrario justamente de lo que tenemos ahora.
El último episodio conocido -a un mes y dos días de las elecciones de mayo- tan falto de trasparencia como abundante en anomalías del actual gobierno es el acicate que me mueve a escribir estas líneas y me sirve como muestra y apoyo de lo que digo. A saber:
Primero. Un contrato millonario (dieciocho millones de euros, tres mil millones de pesetas) cuya gestión ‘técnica’ (pliegos de condiciones y valoración de ofertas) se encomienda a una persona cuyos antecedentes lo hacen idóneo especialmente si se quiere repetir uno de los episodios -pelotazos, los llaman- por los que han sido investigados por la justicia, cohechos incluidos, tanto él -el ‘técnico’ externo- como alguna de las empresas con las que ha estado vinculado. El caso Brugal es el más sonado, pero el juez Ruz ha relatado en sus autos algunos más, incluida la -supuesta, claro- mordida de Sufi en la ciudad de Toledo que acabó apareciendo en los papeles de Bárcenas.
Segundo. Una propuesta de adjudicación del contrato, ‘avalada’ y sostenida en los informes de una persona perfectamente digna de toda sospecha (en este tipo de asuntos, claro), que en los próximos seis años nos costaría a los vecinos un millón largo de euros más que los que oferta la empresa que presta actualmente el servicio de limpieza viaria.
Tercero. Una empresa afortunada, FCC, la misma beneficiada por la operación de venta y privatización de Aguas de Alcázar. La que es un millón largo más cara que la siguiente mejor situada.
Cuando el trabajo responsable de algún representante público, más el empeño de un grupo de ciudadanos que no están dispuestos a tolerar ningún comportamiento opaco de los que nos gobiernan, ponen al descubierto ‘la cosa’, la respuesta de la Alcaldía -escrita, que no está la cosa para dar la cara y responder a posibles preguntas- ante esta acumulación de ´casualidades’ es despachar el tema como un asunto menor y, como siempre, culpar a quien, cumpliendo su obligación, ha tirado del hilo y puesto al descubierto uno más de los actos reprobables de un equipo de gobierno al que no llamaré indigno por un respeto básico a personas que lo componen -ajenas sin duda a estos hechos- pero que no nos merecemos los alcazareños.
En el colmo de la simpleza, y de creernos a todos ignorantes, dice la nota de la Alcaldía que se pedirá otro informe ¡para cotejar! Ahora sí de un funcionario público, cuando antes rechazaron expresamente los suyos la propuesta de que fuera un funcionario público quien hiciera la valoración e impusieron al de los oscuros antecedentes (pueden consultarse las actas). Una manera más de privatizar… la función pública.
Un segundo informe… como si se tratara de una segunda opinión.
No. Son otras las acciones que haría un gobierno honesto y transparente. A saber:
1. Faltando un mes para que votemos los ciudadanos, por ética y por estética debería ser la próxima Corporación la que decida qué hacer.
2. Se debería anular todo el proceso: al técnico ‘externo’ -que ya estaba imputado cuando lo designaron a dedo y sin concurrencia- se le encargaron también los pliegos de condiciones que han regido el concurso, sobre los que después, él mismo, hizo la valoración. ¿O es que de esos pliegos sí nos debemos fiar?
3. Nos deberían contar por qué eligieron a ese ‘técnico’ precisamente, y no a otros. Y quién y cómo lo propuso, qué méritos reunía, quiénes lo avalaban aquí… o en Toledo. O si fue sencillamente el azar, tan voluble y caprichoso, el que los puso tras su pista.
4. Nos tendrían que aclarar si se les ‘coló’, porque no conocían sus antecedentes, o si lo contrataron precisamente por su experiencia acreditada.
5. Habrían de decirnos a los ciudadanos de Alcázar quién (si lo saben), y por qué motivos, ha amenazado a una empresa de las concursantes -así lo ha hecho constar en acta dicha empresa- que solicitó una reunión con la representante de la oposición para ofrecerle toda la información y pedirle que actuara en favor de la transparencia, la justicia y la imparcialidad en la adjudicación del contrato.
Tendrían que… pero, aunque aún estamos a tiempo, mucho me temo que no será tampoco esta vez.
Porque han olvidado ya que a los cargos de pública representación se va a servir a los ciudadanos, no a servirse de ellos.
Y quizás porque los ciudadanos hayamos por mucho tiempo descuidado nuestros deberes cívicos.