Cargando...Al igual que con la anterior sanción, el Ayuntamiento ha interpuesto sus correspondientes alegaciones, pudiendo iniciarse una serie de reclamaciones legales que no sabemos la cuantía económica que pueden suponer a las arcas municipales, o sea a la ciudadanía de Manzanares, que, inicialmente, ya debemos la cantidad de algo más de 306.000 €. Todo ello con pocas posibilidades de que prosperen dichas reclamaciones, dado que en la anterior sanción quedaba claro que es el Ayuntamiento de Manzanares el titular de la autorización de los vertidos, que solo suponen un alargamiento en el tiempo suficiente para que la ciudadanía se olvide del asunto y el enfado general se vaya diluyendo.
Lógicamente, nosotros también consideramos que los responsables de las actuales sanciones son los miembros del Equipo de Gobierno anterior, de la misma manera que si vuelve a producirse un nuevo vertido contaminante en esta vendimia el responsable será el actual Equipo de Gobierno a pesar de los escasos dos meses de que han dispuesto para hacer frente a la situación y a las medidas que puedan haber iniciado. A veces hay que tomar medidas urgentes aunque no vengan del partido mayoritario.
Nosotros no somos políticos “profesionales”, somos “novatos” y quizás nuestras propuestas precisen de la adaptación técnica y jurídica necesaria, para lo cual, suponemos, que el Ayuntamiento cuenta con un personal técnico suficientemente preparado. Visto lo visto, esperamos seguir siendo “novatos” durante mucho tiempo porque la situación a que nos ha llevado las actuaciones de nuestros “expertos” políticos es, de cualquier manera que se mire, vergonzosa.
Y no ya porque desde el año 2013 estemos siendo sancionados por contaminar el rio Azuer, que recordemos desemboca en un Parque Nacional lo que nos hace estar igualmente en seguimiento por la Fiscalía General de Medio Ambiente, sino porque nuestro Reglamento Municipal de Vertidos sí contempla la facultad sancionadora del Alcalde, desde la imposición de multas hasta el precinto o clausura de elementos o instalaciones, según se puede leer en su art. 44 Capitulo VIII.
Igualmente, como suponemos que podría ocurrir con la responsabilidad de la vecina localidad de Membrilla, está previsto que pueda derivarse, con propuesta de sanción documentada, a la autoridad competente, art.46 del mismo capítulo.
Otra cosa es que este Reglamento parezca haber sido realizado como figura meramente decorativa, dado que, según se ha debatido en anteriores plenos, olvida hacer una tipología de infracciones y sus sanciones correspondientes. Lógicamente, según nuestro entender que puede ser equivocado, intentar aplicar alguna sanción en base a este Reglamento supondría una serie de reclamaciones jurídicas por parte de las empresas sancionadas con otro incremento de gastos jurídicos y con dudosas posibilidades de éxito.
En resumen, creemos que el Reglamento Municipal de Vertidos, actual reglamento vigente dado que todavía no ha sido modificado, es desde nuestro punto de vista y del de los ciudadanos consultados, una verdadera “chapuza”.
Es por ello que a la indiscutible responsabilidad del Equipo de Gobierno anterior, hemos de añadir la responsabilidad de algunos políticos del actual Equipo de Gobierno dado que dicho reglamento, que ahora se demuestra totalmente ineficaz, fue aprobado el 30 de Marzo del año 2010, siendo partido gobernante el PSOE.
Podemos decir que la “probada experiencia política” de quienes nos han representado, con nuestro voto o sin él, es la que nos ha llevado a esta situación. Es una suerte no haber alcanzado ese “nivel” de preparación de nuestros políticos y al menos no tener que compartir la vergüenza de la gestión realizada por los mismos.
Pudiera darse el caso de que se propusiese el cierre de las empresas contaminantes, pero esta medida sería solamente consecuencia de la actuación de los Equipos de Gobierno que han gobernado este pueblo hasta la fecha y de las propias empresas. La referencia a los intereses sociales, y económicos, tan utilizados tanto por el PP como por el PSOE recientemente, de una manera tan general nos recuerdan a las mismas justificaciones que dan algunos países, empresas o individuos en general para justificar el trabajo esclavo, la explotación infantil, la falta de Seguridad Social de inmigrantes, el menor salario de las mujeres o los contratos basura. Todo está permitido para conseguir un beneficio económico, mayoritariamente para las propias empresas.
Hablar de ello supera las dimensiones de este artículo, pero ya que estamos en casi campaña electoral, sería de agradecer que estas preocupaciones las dirigiesen a sus grandes partidos nacionales y habiliten algún medio para que, por ejemplo, se les haga constar en su etiquetado si cumplen también con sus certificaciones medioambientales, de cumplimiento con las normativas sociales de seguridad social, etc. de tal forma que el incumplimiento de la ley al menos no les resulte barato y, desde la óptica empresarial, poco rentable. Estamos seguros que “el interés social” manifestado por los grandes partidos de este Ayuntamiento estará totalmente de acuerdo. Nos satisface al menos el saber que tal como manifestaron en el Pleno correspondiente al mes de Febrero, todos los partidos con representación en aquel momento estuviesen de acuerdo en que estás sanciones, y las que puedan venir en el futuro, no deben repercutir en las arcas municipales, o sea en la ciudadanía.
