Cargando...El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la situación del Alto Guadiana, donde se concentra cerca de la mitad de la población de la Comunidad Autónoma. Una zona a la que el nuevo Plan Hidrológico limita o impide su acceso al agua para cultivar la tierra y producir alimentos.
“Los agricultores y los regantes de Castilla-La Mancha están esperando un esfuerzo por parte de todos, para poner el agua a disposición de los que de verdad viven de la agricultura, al mismo tiempo que hacemos un desarrollo sostenible del Acuífero 23 y de los acuíferos de toda la cuenca alta del Guadiana y olvidarnos de que solamente puedan acceder al agua aquellos que más tienen para pagarla”, ha manifestado el consejero. “No es ese nuestro modelo”, ha añadido ante los representantes de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias que han asistido como público a las Cortes.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando con las confederaciones hidrográficas (cuyas competencias dependen del Gobierno de España) para buscar soluciones, como ha indicado el consejero, ya que no reconocen los derechos fundamentales de los agricultores de la región, como por ejemplo, en la prioridad en el acceso al agua de la cuenca cedente que marca la normativa.
Martínez Arroyo ha explicado que en el centro de la llanura manchega viven más de 600.000 habitantes de cuatro provincias (Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo) que se abastecen de la reserva de agua subterránea del acuífero del Guadiana, y donde más de 1.700 familias aguardan que se regularicen los expedientes de los pozos, iniciados en 2008, para las explotaciones prioritarias en pueblos eminentemente agrícolas “que podrían ser más rentables si se les permite regar sus cultivos sociales”.
En este sentido, el consejero ha recordado el compromiso del Gobierno central, pendiente desde 2011, de aportar 40 hectómetros cúbicos al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) de los que solo se aportaron 14,5. A partir de entonces, en los últimos cuatro años, “no se ha hecho absolutamente nada en esta materia”, siguen pendientes de ceder a Castilla-La Mancha 25,5 hectómetros cúbicos, ha indicado. Una cantidad que permitiría regularizar las explotaciones prioritarias para agricultores profesionales y cumplir así con dicho compromiso.
El titular de Agricultura, también se ha referido a la situación de los actuales regantes autorizados, “a los que se les ha reducido la concesión de agua; y más grave todavía para los jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agraria, a los que el nuevo Plan de Cuenca del Guadiana condena al secano, ya que impide que puedan realizar nuevos pozos con asignaciones mínimas de 7.000 metros cúbicos de las aguas subterráneas”.
Recuperar el Centro de Intercambio de Derechos de Agua
Frente a la posición del Ministerio de Agricultura, que apuesta por un modelo de negocio de compra-venta de derechos de agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el papel de la Administración tiene que tener fines sociales, de manera que pueda priorizar a los agricultores profesionales y a los jóvenes en el acceso al agua.
De este modo, Martínez Arroyo plantea acabar con la compra-venta de derechos de agua. “Una situación especulativa a la que ha abocado el Gobierno central a los agricultores profesionales de esta región, limitándoles o negándoles directamente sus concesiones hídricas” y ha criticado que la única solución que ofrezcan las confederaciones sea comercializar con los derechos de agua en un modelo de libre mercado al mejor postor.
Desde el punto de vista medioambiental, el consejero ha recordado el compromiso del Gobierno regional con la recuperación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, las Tablas de Daimiel y los Humedales de La Mancha. En esta materia, ha reiterado el esfuerzo del sector agrario en los últimos 30 años que ha permitido que se haya recuperado el acuífero y que el agua haya vuelto a brotar en numerosas lagunas de La Mancha.
RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a:
1. Realizar una planificación, en el marco de las competencias de la comunidad autónoma, de los recursos hídricos de nuestra Región orientada a garantizar el acceso al agua como derecho social, el uso sostenible y la defensa del medio ambiente y los espacios naturales protegidos. En particular, recuperar y mantener el dominio público hidráulico de nuestros ríos y lagunas, incluyendo los espacios naturales protegidos; instrumentar medidas y regulaciones que impidan el acaparamiento y uso especulativo del agua que se realiza a través de la compraventa privada; asegurar el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas mediante el establecimiento de caudales ecológicos para nuestros ríos y reservas hídricas protegidas; y apostar por medios de gestión sostenibles que puedan garantizar el caudal ecológico de los ríos, el consumo de boca o la explotaciones de los agricultores profesionales.
2. A apostar por la utilización de nuevas técnicas de ahorro y eficiencia en el uso de agua para regadío, además de la instalación de caudalímetros, apoyando los cultivos de secano de los agricultores profesionales.
Así mismo las Cortes de Castilla – La Mancha instan al Gobierno de España a:
3. Asegurar la continuidad del PEAG, tramitando los expedientes pendientes de resolución de los agricultores profesionales que se acogieron a las actuaciones incorporadas al Plan Especial del Alto Guadiana para obtener derechos de riego en explotaciones prioritarias y cultivos de leñosos en base al convenio de colaboración firmado en 2008 entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. A adquirir, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las concesiones necesarias y cederlas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el cumplimiento de este fin asegurando que todas las captaciones existentes se realicen conforme a la legalidad vigente para garantizar el mantenimiento de los recursos hídricos de los acuíferos.
5. A que en los presupuestos de los sucesivos años se incluyan partidas económicas suficientes para seguir aplicando las medidas contempladas en el PEAG, tales como la adquisición de fincas en los entornos de los espacios protegidos para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, el Plan de Reforestación y el Plan de Saneamiento y Depuración en el Alto Guadiana.
6.- A mantener la dotación de agua de las explotaciones ya autorizadas en el Alto Guadiana apostando por un modelo de desarrollo sostenible.
