Cargando...En su opinión, los socialistas pretenden resucitar el Plan Especial del Alto Guadiana que aprobaron en el 2008 con el gobierno de Zapatero “para seguir engañando a los agricultores que están hartos de pagar multas millonarias”, sin embargo, los agricultores lo que quieren es que el PSOE “se moje de una vez para solucionar el problema del agua, dejar de pagar multas y legalizar sus pozos y hacer más rentables y competitivas sus explotaciones”.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha dentro del debate sobre agricultura, Merino ha recordado que, en 30 años, los socialistas “no han hecho nada por solucionar la problemática del agua, salvo enredar y engañar”.
El Plan Especial del Alto Guadiana prometía la recuperación del acuífero sobre explotado, la legalización de los pozos, el abastecimiento de agua a los municipios de La Mancha y los socialistas, según Merino, aseguraron que era la gran oportunidad para diversificar la producción agraria de la zona. Pero tres años después, en el 2011, perdieron el Gobierno y se fueron, “sin legalizar los pozos, sin regenerar el acuífero, sin garantizar el abastecimiento y sin diversificación agraria”, es decir, “solo vendieron humo, titulares y fotos”.
Los socialistas nos vendieron, según ha indicado Merino, un Plan Especial para el Alto Guadiana con una cesión gratuita anual de 40 hectómetros cúbicos para regadío y con una inversión de más de 800 millones de euros. Sin embargo, la realidad fue otra bien distinta porque el Plan Especial del Alto Guadiana “no trajo ni agua ni dinero, fue una auténtica estafa”.
“No hay nada de los 5.000 pozos que anunciaron a bombo y platillo que iban a legalizar ni de los 800 millones de euros que pregonaron, porque los únicos millones que hemos visto han sido las multas multimillonarias que trajeron los socialistas a los agricultores del alto Guadiana”, ha aseverado.
La diputada regional ha explicado que tuvo que ser el Gobierno de Cospedal el que regularizara 3.580 pozos para cultivos leñosos, el que aprobara todos los Planes Hidrológicos de Cuenca, para cumplir la normativa europea en materia de agua y evitar las sanciones millonarias.
Han sido las legislaturas de Mariano Rajoy y Maria Dolores Cospedal las que han conseguido “ponernos al día” en materia de agua tras el retraso acumulado en los ocho años de “inanición zapateril y de Barreda” y las que han permitido el intercambio de derechos de agua entre particulares a partir de un Real Decreto-Ley aprobado en 2012.
Merino ha recordado que, en los Presupuestos del 2010, Barreda dijo que la partida del PEAG era una partida abierta y que iban a ir poniendo todo el dinero que fuese necesario para comprar derechos, porque así se lo había garantizado el gobierno de Zapatero “y mintieron” porque pasó el 2010 y la partida abierta se cerró sin un solo euro para compra de derechos de agua.
El citado plan “no tenía dinero, ni firmeza política ni planteamientos serios ni rigurosos, fueron otra vez más las políticas del yo invito y no pago, a las que lamentablemente nos tienen acostumbrados”.
La diputada regional ha asegurado también que, actualmente, el Gobierno de Page tiene más de 2.500 solicitudes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias esperando a que les legalicen sus pozos. Saben que solo disponen de 25Hm3 y necesitan más de 40Hm3 y que la regularización de estas más de 25.000 hectáreas requiere de una inversión de 300 millones de euros para la adquisición de derechos, pero no saben de dónde van a sacar los hectómetros ni el dinero.
Está convencida de que el Plan Especial del Alto Guadiana sí sirvió para otras cosas que no nos han contado, ya que crearon el Consorcio del Alto Guadiana, donde colocaron a sus amiguetes que malgastaron cuantiosas cantidades de dinero público, en buenos sueldos, pero sin resultado conocido.
El alquiler de las oficinas del consorcio costaban más de 12.000 €/mes, unas oficinas de lujo con televisor de plasma de 46 pulgadas, con coche oficial, decorada con obras de arte y tecnología de vanguardia. “Todo un montaje que nos costó a todos los castellano-manchegos más de 6 millones de euros, mientras freían a multas a los agricultores y no legalizaban sus pozos”, ha indicado.
Merino ha asegurado también que el PEAG “no tiene fondos económicos, ni dotaciones reales de agua, no garantiza ni promueve la sostenibilidad de las explotaciones agrarias del Alto Guadiana. Es tan sólo una declaración de principios”.
“Es sorprendente la incapacidad de sus gobiernos para resolver los problemas del agua y, lo que es peor aún, es que cada vez que han tomado una decisión, han complicado más la situación”, ha concluido.
