Una flagrante hipocresía social permite desigualdades reales que amenazan con convertirse en abismos de la mano de la crisis que nos aplasta. Los poderes políticos se están convirtiendo en meros servidores del poder económico que amenaza con regir el mundo, poniendo en peligro hasta los valores democráticos.
España es el país de la OCDE en el que más han subido las desigualdades con la crisis. Y esto frenará la tan anhelada recuperación. La de todos, claro, no la de unos cuantos. Esa si está asegurada. Nuestra democracia formal padece un grave déficit en materia de derechos humanos.
Las mujeres siguen muriendo a manos del machismo secular. La sociedad patriarcal permite y tolera que las mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo. Habrá que recordar, una vez más, que las mujeres son también seres humanos.
Miles de jóvenes trabajan en condiciones de semiesclavitud atrapados en las redes de empresas sin escrúpulos. Contratos por horas, pagos en negro, sin cotización, sin derechos, sin dignidad.
El derecho a una vivienda digna se ve amenazado por la especulación corrupta y salvaje amparada en la indiferencia, cuando no en la alianza, de poderes públicos y bancos. No se cumple el derecho constitucional de la persona a una vivienda digna.
El derecho a la libertad de opinión e información languidece en medios de comunicación manipulados por el poder político y económico. Una Ley «mordaza» regresiva legaliza la represión policial y pretende impedir el derecho constitucional a la manifestación y a la discrepancia a golpe de multas desproporcionadas.
El mejor homenaje que podemos rendirle hoy a esta Declaración no es dedicarle un día, sino ponerla en práctica los 365 días del año, exigiendo a los que nos gobiernan que se cumplan nuestros derechos más elementales. No pueden dirigir un país quienes incumplen los derechos humanos y legislan en contra de ellos. No es pedir demasiado. Sólo lo que nos pertenece por ley. La dignidad inherente a todos los seres humanos.