1. Que el dinero que ha puesto la empresa FCC-Aqualia, a día de hoy, es el siguiente :
– 1.672.000 euros de canon adelantado.
– 4.593.179 euros de préstamo.
– 66.111 euros de las 11 acciones que adquirió (52,38% del capital social de la empresa).
– 1.075.811 euros de la prima de emisión.
Todo ello hace un total de 7.407.101 euros. Un dinero que recuperará Aqualia en su totalidad, más los intereses del préstamo. ¿Acaso no lo sabe el exalcalde vendedor?
2. Que después de la venta de Aguas de Alcázar, el señor Ortega firmó, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, un contrato de prestaciones tan ruinoso como innecesario (para que Aqualia haga, pagándole, lo que Aguas de Alcázar ya venía haciendo: gestión informática y call center) y que supone un coste anual de 215.875 euros.
¿O no sabía Diego Ortega lo que firmaba cuando lo firmaba?
3. Que tanto más ruinoso e innecesario es el llamado Fee de gestión (o saber hacer), que supone el cobro por Aqualia del 8% de la facturación anual: 408.083, 53 euros en el año 2015.
Sí, señor Ortega. Por saber hacer, pero no por hacer más de lo que ya venían haciendo los trabajadores de Aguas de Alcázar cuando era empresa pública al cien por cien.
4. Que el Ayuntamiento, que antes ingresaba 800.000 euros anuales por el alcantarillado y no pagaba los consumos municipales, ahora no percibe nada, ya que el 5% de la facturación anual (250.000 euros) se compensa con los consumos municipales (más de 300.000 euros) con una diferencia negativa para el Ayuntamiento.
5. Que la llegada de Aqualia no ha supuesto la creación de ni un solo nuevo puesto de trabajo en Alcázar.
En conclusión, la venta/regalo que consumó el anterior gobierno municipal ha sido una completa estafa para los alcazareños, que se han visto desposeídos de un bien público que les pertenecía por entero y sin que por ello se haya incrementada la calidad del servicio ni reciban nuevas o mejores prestaciones.
Lo que han logrado el señor Ortega y los que votaron con él es que los beneficios de todo tipo que generaba Aguas de Alcázar hayan cambiado de bolsillo: antes, el de todos los alcazareños, ahora el de una multinacional como Aqualia. A eso le llama ‘defensa del interés general’ don Ortega, que cuando habla del hipotético coste de la remunicipalización parece no querer saber que lo que ya nos está costando caro a los vecinos es la venta de nuestra empresa municipal.
Como parece querer ignorar que son ya dos -a falta de una tercera- las sentencias que han declarado nulos, por no ajustados a derecho, los acuerdos municipales que están en el origen del expolio que propició el exalcalde Ortega y sus entonces socios de gobierno.
Al día de hoy no sabemos qué ganaron los que con tanto ardor defienden a una empresa privada por encima de los intereses de sus propios vecinos, pero sí sabemos lo que hemos perdido. Y por eso, precisamente, tenemos la obligación moral, además de política, de recuperarlo.
Juan Garrido Morales, concejal del ciclo integral del agua, en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan