En el Artículo 49 de la Constitución Española podemos leer: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
El contenido en el artículo citado, se centra en la batería de políticas asistenciales adoptadas y normadas por los poderes públicos, y que se proyectan en una pluralidad de ámbitos bien diferenciados (laborales, culturales, vivienda, educación, ocio, deportes, etc.) y reconoce también el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración al colectivo que nos ocupa, al que hay que prestar la atención especializada que requieran.
Por su parte, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, está basada en recomendaciones de distintas organizaciones internacionales y persigue mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, incluidas la salud, y diseñar las líneas básicas de las políticas públicas que se desarrollarán en los años de su aplicación.
La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. [2014/15009] en su Artículo 1, tiene por objeto:» Garantizar la igualdad de oportunidades y la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, orientando la actuación de los poderes públicos a la promoción y atención de su bienestar, la mejora significativa de su calidad de vida personal y familiar, el fomento de su autonomía personal e inclusión social en todos los ámbitos de su vida».
En la tarde del martes, 1 de diciembre del año 2015, se constituyó el Consejo Local de Discapacidad, en Alcázar de San Juan, integrado por representantes de las distintas asociaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En aquellas fechas se planteó como objetivo el diseñar un Plan Integral a largo plazo para la plena inclusión, en todas las áreas de la sociedad, de las personas con capacidades diferentes. Un año después, en el II Pleno de la Discapacidad, se realizó un balance de las acciones que se han llevado a la práctica con el colectivo afectado y se demandaron nuevas propuestas relacionadas con la accesibilidad, presencia de profesionales en centros especializados, cursos de formación, etc., que serían contempladas en el Plan Integral. Alcázar de San Juan, en materia de Servicios Sociales, siempre ha sido un referente en la provincia.
Desde distintos Equipos de Gobierno, a lo largo del tiempo, se ha pretendido consolidar y avanzar en todo aquello que permitiera mejorar las condiciones de las personas afectadas. Por ello, a pesar del complejo contexto socioeconómico que nos encontramos, los esfuerzos en la actualidad van dirigidos a mantener la garantía de derechos adquiridos y fortalecer el Estado de Bienestar, en colaboración permanente con el movimiento asociativo. Sin embargo, se avanza lentamente, en cuanto al tema de la salud de estas personas. Existen estudios que indican que el 50 por ciento, en general, de las personas discapacitadas presentan un mal estado de salud.
En España hay más de cuatro millones de personas con alguna discapacidad. En Castilla- La Mancha la cifra se acerca a 130 mil que suponen un 6.10% de la población. La prevalencia de las situaciones de discapacidad están relacionadas con la edad, ya que se mantiene por debajo del 5% de la población hasta los 40 años, supera el 10% a los 60 años y a los 80 años se sitúa en torno al 40%. Las mujeres tienen mayor probabilidad de tener una discapacidad que los varones, sobre todo a edades elevadas. Como resultado, más del 60% de las personas con discapacidad son mujeres.
Las personas con discapacidad son, una parte importante de la población y constituyen, por tanto, una parte relevante de los usuarios del Sistema de Salud. Las cifras son importantes, pero tienen gran transcendencia los factores cualitativos, pues las personas con discapacidad tienen necesidades específicas en materia de salud. Aunque por lo general no son ni se sienten enfermas, demandan y requieren, en ocasiones, una atención de salud más frecuente, intensa y especializada, que no siempre es prestada satisfactoriamente por un sistema sanitario concebido para el “usuario normal”. La salud es una de las preocupaciones prioritarias para estas personas y sus familias. La ausencia de salud es una desventaja de la que parten para participar en la vida social, por lo que los avances médicos tienen un papel importante y complejo. Las investigaciones sobre la salud son relativamente escasas en comparación con las existentes para la población general, y se carece de indicadores fiables sobre su situación sanitaria. Esa ausencia de datos tiene una enorme repercusión en la planificación y contribuyen a prolongar la discriminación.
El Informe Mundial sobre Discapacidad, de la OMS, señala que las personas con discapacidad intelectual, además de presentar mayores problemas de salud que la población general, experimentan más barreras que sus iguales a la hora de recibir atención médica rutinaria, mucho más acusados en los niveles más severos. La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU subraya que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, para lo cual se han de adoptar las medidas pertinentes (incluyendo la formación especializada y continua de los profesionales sanitarios) con el fin de asegurar su acceso a servicios de salud.
En un momento en el que se plantea constantemente la equidad y la sostenibilidad del sistema, nos encontramos que el 49,5% de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo presentan un estado de salud malo o muy malo, frente al 34,7% de aquellos con discapacidad intelectual moderada. Así lo pone de manifiesto el estudio «Todos somos Todos sobre Derechos y Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual» realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca.
Es el momento para tratar de obtener los recursos necesarios que permita dar respuesta a la solicitud realizada públicamente por la Asociación Luz de La Mancha, en la que plantean la necesidad de finalizar la Residencia, dotar de personal suficiente a la Unidad de Salud Mental y para que se inicie un Plan Asertivo Comunitario. Y lo que también es importante: que Alcázar de San Juan continúe siendo un ejemplo en ejecución de políticas sociales y especialmente siendo más sensibles a este colectivo. Así, siempre viviremos un 3 de diciembre. Con esa esperanza quedamos.
Antonio Leal Giménez