Se beneficiarán niños inscritos a partir de 6 meses y costará 20 euros mensuales.
Todos los grupos municipales apoyaron esta modificación de Ordenanzas Fiscales que también incluía otro cambio: la bonificación de la consulta previa a aquellos demandantes en régimen de alquiler en alguna de las naves oficiales de los Centros de Empresas del Ayuntamiento.
Quedó desestimada la moción socialista donde se solicitaba instar al Mapama (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) un real decreto de sequía para la cuenca Alta del Guadiana como pide el gobierno de Castilla-La Mancha.
La otra reforma afecta a la Escuela Municipal de Música y Danza. Se trata de la incorporación de una tasa correspondiente a las clases de Musicoterapia, enseñanza que se incorpora el próximo curso a la oferta formativa con un coste mensual de 20 euros.
El concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo, explicó a los portavoces de la Oposición que “el impacto económico de la tasa de consulta previa no llega ni a 100 euros anuales”. Mientras, en cuanto a Musicoterapia, consideró que esta medida brinda una nueva posibilidad para inculcar la música en edades muy tempranas y habituarles a partir de 6 meses. En cuanto a posibles bonificaciones, teniendo en cuenta el IPREM con el salario mínimo, emplazó a la revisión de tasas y precios públicos que se realiza en el último trimestre del año para abordar su análisis. Recordó que existen bonificaciones sociales para la matrícula anual (valorada en 17 euros) e insistió: “creemos que no es un coste excesivo y se sitúa muy por debajo de otros pueblos del entorno donde se pide hasta 5 veces más en algunas asignaturas”.
Decreto de sequía para la cuenca del Guadiana
Ni los populares, que denegaron su voto, ni los tres ediles de IU-GD, que se abstuvieron, apoyaron la propuesta del grupo municipal Socialista que solicitaba al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) un real decreto de sequía para la cuenca del Guadiana como pide el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sobre este último aspecto, el edil de la coalición Juan Julián Rodríguez de la Rubia, consideró que el texto “politizaba” una situación cuyo objetivo debía apuntar a una “gestión sostenible, razonable y adecuada” de los recursos hídricos y la ordenación de territorio.
Responsabilizó a PP y PSOE de un escenario que, a su juicio, “presenta acuíferos sobreexplotados, un Plan Hidrológico que no funciona, proliferación de pozos, problemas entre cuencas hidrográficas y una mala gestión del agua”. Del mismo modo estimó que hay que ser previsores, basando el “mayor esfuerzo” en sectores como el agrícola e industrial. No en vano, distinguió entre quienes especulan con el agua y los que la utilizan para sus explotaciones.
La portavoz municipal del PSOE, Eva López, expresó que “los agricultores y ganaderos y el resto de ciudadanos de la región están esperando a que desde el Ministerio de Agricultura se tome en Castilla-La Mancha la misma decisión que para Castilla y León” ante un contexto de escasez de precipitaciones y descenso de los recursos hídricos embalsados que repasó relatando su capacidad actual. Para la Socialista es una decisión “injusta” e insistió en que ese decreto «permitiría la adopción de medidas extraordinarias” con el ánimo de defender los intereses de los municipios con independencia de su color político.
Como ejemplo de la situación, indicó López que en la estación meteorológica de Daimiel se ha recogido 17,8 litros por metro cuadrado, mientras que en el mismo mes de abril pero del año pasado, se recogieron 97’6 litros por metro cuadrado. La portavoz del PSOE también expuso que las consecuencias de la sequía se notarán en 67 localidades de la provincia de Ciudad Real y en 169 de la región.
A este respecto, el concejal de Medio Ambiente, Javier Fisac, distinguió entre la Cuenca del Duero y la Cuenca del Alto Guadiana, explicando que en esta última sus aguas son masas subterráneas, frente a las primeras que son superficiales en aproximadamente un 80%. Mostró una gráfica de los niveles del agua en los pozos de captación municipales instalados en los Ojos del Guadiana cuya profundidad se sitúa a 11,80 metros en mayo de 2017 (el pico más alto se consignó en 2014 a -9,75 metros de la superficie y el más bajo en 2009 a -31,30 metros), mientras que en los últimos doce meses las fluctuaciones no han rebasado los 15 metros. Felicitó a los agricultores de Daimiel porque la modernización de sus explotaciones, el abandono de ciertos cultivos que no resultaban sostenibles y la adopción de prácticas de agua de poco consumo de agua han contribuido a “ahorrar agua”.
Una situación de sequía que “sería distinta”, según apostilló el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, si hace 13 años no se hubiese derogado el Plan Hidrológico Nacional que llevaba consigo una serie de inversiones con las que se buscaban el “equilibrio hídrico entre la España húmeda y la seca”.
Preguntas
Hasta trece cuestiones se plantearon en el apartado de cierre de Pleno en el que el propio alcalde expresó, a instancias de la edil de IU-GD Ana Meco, su postura sobre el proceso de deslinde en los Ojos del Guadiana. En concreto, Meco le preguntó por la posición que Sierra adoptará en la próxima reunión del Patronato de Las Tablas, donde la Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) pedirá que el organismo se pronuncie al respecto de la zona que ya se declaró y se delimitó de titularidad pública hace justo un año.
El primer edil dejó claro su apoyo a la Ley de Aguas y, por tanto, al procedimiento de deslinde del Dominio Público Hidráulico, pero recordó que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe y se está a la espera de su pronunciamiento.
El alcalde daimieleño comprendió la indignación de aquellos titulares de las fincas afectadas que adquirieron “legalmente” y ante notario unas propiedades que, al mismo tiempo, ha estado reconocidas administrativamente a través de la gestión de ayudas como la PAC.
En el mismo apéndice también se respondieron otras tantas preguntas más sobre la posibilidad de albergar formación en la conocida como ‘Granja Escuela’. Se informó que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha comunicado al Ayuntamiento de Daimiel acción alguna en las últimas semanas.
También se reflexionó sobre la escasa repercusión de la última convocatoria del PICE y la posibilidad de reformular una convocatoria promovida desde la Cámara de Comercio. Se preguntó igualmente acerca de los mecanismos de actuación para la devolución de plusvalías y los últimos avances en materia de olores. Sobre este último asunto, se dio cuenta que aún no se ha recibido respuesta alguna de la Viceconsejería de Medio Ambiente para conocer qué medidas se van a adoptar, mientras que desde el Defensor del Pueblo sí que se ha notificado que la queja ha sido admitida a trámite. En cuanto a la plusvalía municipal cuando no hay incremento de valor, el Ayuntamiento estudiará la devolución de este tributo en aquellos casos que lo acrediten debidamente.






































































