Cargando...Además recuerda que la única organización profesional agraria está legitimada para ello; de hecho es la única que votó en contra en el Consejo Nacional del Agua los dos últimos procesos de planificación y “presentamos un voto particular explicando el motivo del voto en los años 2012 y 2015, ante lo que era prácticamente el mismo documento”.
Según la organización agraria, esta decisión se basaba en que el Plan no atendía las demandas hídricas del Alto Guadiana, ni corregía el déficit hídrico histórico de la zona, enterraba el PEAG y “lo más importante: No se reflejaba en el plan la superficie real de regadío legal reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana”.
No han pasado ni dos meses desde que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha incidiera en que el Ministerio de Agricultura resolvía los problemas de los regantes con dos criterios muy distintos; bien fuera de Levante o de Castilla-La Mancha. O bien la legalización por decreto, o bien restricciones. Limitaciones como las impuestas a finales de 2017; con un nuevo recorte en las dotaciones a los regantes de las masas de agua Sierra de Altomira, Lillo-Quintanar y Consuegra Villacañas, pasando de los 4278 m3/ha a 2200 en herbáceos y 1500 m3/ha en leñosos.
A efectos prácticos significa que un pequeño regante con una superficie reconocida de 10 has, si siembra cebolla solo podrá poner en cultivo 3,14 has, o bien 2,9 de pimiento, 3,4 de melón o sandía y 6,28 en el caso de ajo morado, dejando el resto de la explotación de secano.
Esta son algunas de las cuestiones que se han trasladado a los regantes de la zona de Alberca (masa de agua Sierra de Altomira) en una asamblea que ha reunido a más de 60 personas, además de explicarles que la demanda en la sala Tercera del Tribunal Supremo al plan de cuenca del Guadiana está lista para sentencia.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha explicado que los fundamentos básicos mostraban que se reflejaba una menor superficie de riego de la real y infravalorar los recursos disponibles. Unos criterios compartidos con muchos colectivos y numerosas comunidades de regantes. Hay un baile de cifras de la superficie de riego en los distintos documentos, que ponen de manifiesto que la Confederación ha usado unas cifras de superficies contradictorias, sospechosas de un tratamiento interesado, y convierten en nulo de pleno derecho el plan.
A ello se une, tal y como explica la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, el informe técnico hidrogeológico que afirma que el agua superficial y subterránea de la Cuenca Alta no se adapta a las delimitaciones espaciales oficial de las vigentes msb delimitadas en PHG, que las declaraciones de buen o mal estado cuantitativo msb carecen de argumentos técnicos geológicos o hidrogeológicos que las soporten, el balance hídrico es falaz, basado en una simplicidad.
El secretario general de UPA en la región ha sentenciado que “con estas dotaciones terminan con los cultivos sociales de la zona y con las pequeñas explotaciones,
suponen una pérdida de producción, ingresos, patrimonio, sostenibilidad de las explotaciones, con gravísimas consecuencias socio-económicas en una zona
eminentemente agraria que alberga la mitad del regadío de nuestra región”.
Además y en concreto en la masa de agua Sierra de Altomira un reciente trabajo pone de manifiesto que el balance hídrico de esta Masa no tiene nada que ver con el
contemplado en la revisión del Plan, pudiéndose estimar en 8 hm3 /anuales más la recarga del acuífero a la que estima la Confederación. Esto significaría que esta masa de agua no se encuentra “sobreexplotada”, y no debería estar sujeta a las restricciones que se le imponen.
Esta es la situación de los regantes, de los agricultores y ganaderos que apechugan con restricciones y limitaciones que afectan a la imposibilidad de nuevos aprovechamientos, no disponer de pozos para uso doméstico, “ni para beber, ni para llenar una cuba de fitosanitarios para tratar nuestros cultivos. Lo que no pasa en ningún sitio”.
