Cargando...En Castilla-La Mancha están llamados a la movilización los trabajadores de las prisiones de Albacete, Cuenca, Ocaña I y II, Herrera de la Mancha y Alcázar de san Juan.
Los sindicatos CCOO, Acaip y UGT, han convocan mañana, jueves, 2 de agosto, media hora de paro y concentraciones en los centros penitenciarios de toda España. En Castilla-La Mancha están llamados a la movilización los trabajadores de las prisiones de Albacete, Cuenca, Ocaña I y II, Herrera de la Mancha y Alcázar de san Juan.
Bajo el lema #PrisionesSinAgresiones, las concentraciones darán comienzo a las 11.00 de la mañana del jueves y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios, en protesta por las continuas agresiones y actos de violencia que menoscaban la dignidad personal o la integridad física de las trabajadoras y trabajadores penitenciario en el ejercicio de sus funciones.
De igual forma los sindicatos quieren mostrar su solidaridad y dar apoyo a todos los compañeros y compañeras agredidas, especialmente a los de mayor gravedad.
Los sindicatos vienen denunciando el incremento de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de que se establezcan medidas de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de los empleados y empleadas penitenciarias.
En este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos convocantes señalan que, entre 2015 y 2016, se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017 las lesiones graves sufrieron un incremento del 60%, con respecto al año anterior.
Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la acuciante falta de personal con más de 3.400 vacantes sin ocupar, lo que sin duda es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones, por lo que exigen un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa.
Hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber, y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.
Los accidentes laborales del personal penitenciario en 2017 supusieron un incremento del 30%, hasta contabilizar la cifra de 1.186 (según los datos del Congreso de los Diputados)
Apuntan la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en prisión, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como dotarse de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.
Por último, denuncian que hay agresiones a diario y los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado: es necesario que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales, mejore la clasificación penitenciaria y genere programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles. Se tiene que frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales y el deterioro de un servicio público que alerta contra la paulatina y continua privatización de los servicios públicos penitenciarios.
Esta movilización surge como preámbulo de las protestas que los funcionarios de prisiones tienen previsto llevar a cabo a partir del 1 de septiembre.
