Cargando...Circula por whatsapp un mensaje diciendo “Desde las 00h de hoy ha quedado implantada, y legalizada, la geolocalización de todos a través de la trazabilidad de nuestros móviles. Para q lo sepáis… Ahora os paso el BOE” Haciendo referencia al BOE del 28 de marzo nº 4162.
Desde MyDataMood estamos a favor del (buen) uso de la tecnología y de los datos en muchos ámbitos y, por supuesto, para garantizar la salud de los ciudadanos. Eso sí, siempre que se haga con transparencia y respeto por la privacidad.
Por eso no queremos dejarnos llevar por posiciones polarizadas: datos sí/ datos no en el contexto del Covid19. Preferimos analizar el uso de los datos de los ciudadanos que realmente ha planteado el Gobierno.
Qué es verdad y qué no de este mensaje.
El uso de datos planteado por el Gobierno tiene dos alcances:
Aplicación para geolocalizar al usuario
Un primer punto donde dice “Primero: Desarrollo soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos. […] La aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”
Efectivamente van a chequear a través de la geolocalización dónde están los ciudadanos. Pero surge la duda de si la información se recogerá únicamente en el momento en el que se registren en la aplicación móvil, o si, por el contrario, una vez que se instale la aplicación, estará recogiendo la localización de manera continuada, incluso aunque no se esté utilizando la aplicación.
Realmente la descripción es muy ambigua en este punto y son dos realidades francamente distintas; no es comparable facilitar al Gobierno saber en qué Comunidad Autónoma está una persona en un momento concreto, que darle acceso a todos los desplazamientos y ubicaciones de los ciudadanos. ¿No?
Además, falta mucho detalle sobre las condiciones de uso y privacidad que va a tener esta aplicación. Con qué empresas se van a compartir los datos, para que fin, durante cuánto tiempo, etc.
Otro aspecto que ha contribuido bastante a la suspicacia es la discordancia entre los objetivos anunciados para la app y los datos que se solicitan -al menos tomando como referencia la que ya está disponible que es CoronavirusMadrid-. Se supone que es una aplicación para el autodiagnóstico pero solicita datos como el teléfono móvil o el DNI, además de la geolocalización. Eso no cuadra y es lo que genera recelo. Si realmente el Gobierno quiere desplegar una app que geolocalice a las personas con síntomas para poder atenderlas mejor o para parar la cadena de contagios, sólo tiene que decirlo: explicar las condiciones, quién recoge los datos, quién los analiza, qué se hace con ellos, hasta cuándo se guardan… y plantear un sistema que de tranquilidad y confianza a los ciudadanos respecto al respeto de su privacidad.
En resumen, por un lado, no parece especialmente ambicioso este primer punto “recoger la geolocalización para saber en qué Comunidad Autónoma está el usuario”, y al mismo tiempo la falta de transparencia y claridad genera bastante rechazo. Una pena.
Estudio de movilidad
En segundo lugar, en el BOE dice: “Segundo. DataCOVID-19: estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria. [ ….] siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento.”
¿Os acordáis de la noticia que saltó en noviembre del 2019 sobre el INE y el uso de los datos de movilidad? La podéis recuperar aquí.
Pues bien, esto es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa? Que el Gobierno va a comprar los datos de movimiento de los ciudadanos a las empresas de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone, Orange), que los facilitarán de forma agregada, para analizar los desplazamientos generales que se han producido durante estas semanas.
¿Y cómo las telcos tienen estos datos?
No, las telcos no dependen de que el usuario tenga activado el GPS. La geolocalización se produce de la siguiente manera:
Los teléfonos móviles, siempre que estén encendidos y con cobertura de red, se comunican continuamente con las estaciones base (antenas) a las que están conectadas. Cada antena tiene asignada un área de cobertura geográfica teórica, denominada celda. Todos los teléfonos móviles situados físicamente dentro de esa celda se conectan a esa antena y envían y reciben información de manera constante.
Cuando un teléfono se mueve (por ejemplo de una celda a otra en una red 4G), la red lleva a cabo un proceso denominado handover, de modo que la comunicación con la línea móvil se transfiere a la nueva celda o grupo de celdas, dejando en ese momento un registro de su nueva localización.
Con este sistema geolocalización -que no requiere GPS- la precisión de la localización depende del tamaño de la celda (más pequeño en zonas urbanas y más grande en zonas rurales), del número de “eventos” que se registra de un móvil y del tipo de red que se utiliza (2G,3G,4G). Cuanto menor sea la celda, más eventos se recoja y más potente sea la red (4G), más precisa es la geolocalización.
Inicialmente, esta información está asociada al número de tarjeta SIM que a su vez está vinculada a un nombre y apellidos. Las empresas de telecomunicaciones venden esta información de manera agregada y anonimizada, de tal manera que no puedan identificar, supuestamente, al usuario individual que está detrás de cada móvil. No obstante, confirmar esa identidad sólo requeriría al Gobierno una consulta con el operador de telefonía, sin necesidad de que intervenga un juez.
Hay que tener en cuenta que esta información se está recogiendo desde el 2013, no es algo que ahora hayan activado por el tema del COVID-19. Por tanto, la cuestión no es que el Gobierno haya legalizado la geolocalización, sino que las telcos lo llevan registrando desde hace mucho tiempo y vendiéndola de manera anonimizada y agregada. Ahora venderán esta información al Gobierno, pero antes ya se la vendían a otras empresas.
Ahora, ¿que aporta conocer los desplazamientos agregados de la población al freno de la pandemia del Covid19?. Pues el objetivo de esta información es conocer la presión asistencial que tienen y van a tener los sistemas de salud de las distintas CCAA. Ok, es una información estadística interesante, pero no al nivel de las medidas informacionales que requiere el Covid19 y que deberían estar más vinculadas a la propagación de contagios.
¿En resumen?
El Gobierno ha despertado un importante recelo entre los ciudadanos respecto al uso que va a hacer de aplicaciones y datos móviles y, sin embargo, no va a extraer una información con gran detalle o de gran utilidad para frenar los contagios (sí para otras cuestiones). Como siempre, una transparencia deficiente ha generado una suspicacia innecesaria que será un problema de cara a implantar cualquier sistema futuro realmente relevante.
Desde MyDataMood consideramos que el ciudadano es el dueño de sus datos y, por tanto, si las empresas o los gobiernos quieren utilizarlos deben hacerlo con respeto y transparencias y, por supuesto, con el consentimiento del usuario. Bueno, también cabe la posibilidad de “expropiar los datos” por fuerza de causa mayor/ interés general, pero está bien que entonces llamemos las cosas por su nombre: “expropiación”.
