Cargando...El sindicato CCOO Enseñanza de Castilla-La Mancha ha mantenido en Alcázar de San Juan una asamblea de delegados y delegadas que representan a las plantillas de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la región para analizar y tomar posición ante la propuesta de acuerdo para la firma del Convenio Colectivo Estatal del sector, presentada a finales de septiembre en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Este convenio, que afecta a cerca de 12.000 trabajadores en Castilla-La Mancha y a unos 200.000 en toda España, lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2021. Tras un periodo de movilizaciones lideradas por CCOO a nivel nacional, las partes iniciaron un proceso de mediación que culminó el pasado 23 de septiembre con una propuesta de contenidos que debe ser ratificada internamente por cada organización antes del 11 de octubre, tal y como ha explicado Ana Delgado, secretaria general de CCOO-Enseñanza CLM.
En esta línea, destacaba que si la asamblea ratifica este convenio, se fijará un calendario de reuniones para redactar el texto definitivo, con la fecha límite para su firma prevista para el 29 de noviembre de 2024.
Asimismo y durante la reunión, como ha manifestado Antonio Romero, responsable de Sectores Socioeducativos de CCOO-Enseñanza CLM, los delegados y delegadas también debatirán las propuestas que el sindicato trasladará a la patronal regional para aplicar el convenio estatal en los 336 centros de atención a la discapacidad de Castilla-La Mancha, como los Centros Especiales de Empleo, Centros de Atención Temprana, Centros Educativos, CADIGs, Centros Ocupacionales y Centros de Día. Esto se debe a que varios contenidos del convenio estatal, como los complementos salariales o cuestiones relacionadas con el empleo y la jornada laboral, quedan abiertos a negociaciones a nivel autonómico.
Una asamblea que han calificado de «crucial» para definir la postura del sindicato y las próximas acciones en la región, mientras el sector de la atención a la discapacidad sigue pendiente de la renovación de un marco regulador clave para miles de trabajadores y usuarios.
